Comisión que investigó incendio en empresa Kayser votará sus conclusiones el 31 de julio
La comisión que investigó los actos del Estado en relación al incendio de la empresa Kayser en 2019 (CEI 12) está convocada para este 31 de julio con el propósito de discutir y votar las proposiciones y conclusiones que se hayan presentado.
Dicho trabajo comenzó a prepararse en su última sesión, donde se analizó la propuesta presentada por el presidente de la instancia, el diputado Andrés Giordano (IND).
Las y los integrantes de la comisión manifestaron, en general, una posición favorable al documento propuesto. Sin embargo, plantearon la necesidad de hacer ajustes de redacción y eliminar algunos contenidos, ya que no serían lo suficientemente objetivos para un informe emanado desde un poder el Estado.
Tales puntos en conflicto dicen relación con la imposibilidad de acreditar la participación de agentes del Estado y las causas del incendio. Junto a esto, también algunos textos vinculados a declaraciones emanadas por parte de familiares de las víctimas.
Recomendaciones
En una primera aproximación, las y los integrantes de la comisión que investigó el incendio en Kayser manifestaron el respaldo de la propuesta de recomendaciones del diputado Giordano. Esto, en la línea de normar de forma más eficiente la aplicación del Protocolo de Minnesota. Dicho acuerdo busca promover el derecho a la justicia y reparación de toda muerte ilícita o sospecha de desaparición forzada.
Junto a ello, habría acuerdo también en solicitar que se prosiga con los procesos penales y sumarios derivados de estos hechos para que haya resultados.
Por otro lado, la propuesta consideraba el levantamiento de un memorial en honor a las víctimas en la zona. Adicionalmente, se planteaba la creación de una comisión de verdad sobre los hechos ocurridos.
La comisión que investigó los actos del Estado en relación al incendio de la empresa Kayser en 2019 (CEI 12) está convocada para este 31 de julio con el propósito de discutir y votar las proposiciones y conclusiones que se hayan presentado.
Dicho trabajo comenzó a prepararse en su última sesión, donde se analizó la propuesta presentada por el presidente de la instancia, el diputado Andrés Giordano (IND).
Las y los integrantes de la comisión manifestaron, en general, una posición favorable al documento propuesto. Sin embargo, plantearon la necesidad de hacer ajustes de redacción y eliminar algunos contenidos, ya que no serían lo suficientemente objetivos para un informe emanado desde un poder el Estado.
Tales puntos en conflicto dicen relación con la imposibilidad de acreditar la participación de agentes del Estado y las causas del incendio. Junto a esto, también algunos textos vinculados a declaraciones emanadas por parte de familiares de las víctimas.
Recomendaciones
En una primera aproximación, las y los integrantes de la comisión que investigó el incendio en Kayser manifestaron el respaldo de la propuesta de recomendaciones del diputado Giordano. Esto, en la línea de normar de forma más eficiente la aplicación del Protocolo de Minnesota. Dicho acuerdo busca promover el derecho a la justicia y reparación de toda muerte ilícita o sospecha de desaparición forzada.
Junto a ello, habría acuerdo también en solicitar que se prosiga con los procesos penales y sumarios derivados de estos hechos para que haya resultados.
Por otro lado, la propuesta consideraba el levantamiento de un memorial en honor a las víctimas en la zona. Adicionalmente, se planteaba la creación de una comisión de verdad sobre los hechos ocurridos.
El estado de excepción en la macrozona sur fue prorrogado por otros 15 días por parte de la Sala de la Cámara, replicando lo ya obrado por el Senado.
Como en las ocasiones anteriores, la medida regirá en la región de La Araucanía. Igualmente, se aplicará en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
El EECE ha estado vigente desde el 16 de mayo de 2022. Desde entonces, se prorrogó una vez por vía directa del Presidente y otras 27 veces con autorización del Congreso Nacional. El último decreto vigente vencerá este 25 de julio y la actual extensión comenzará a regir tras esa fecha.
El uso de esta herramienta constitucional se fundamenta en los hechos de violencia que subsisten en la macrozona sur. Tal situación, se indica, requiere de la colaboración de las FFAA con las policías. A través de sus acciones, se espera restablecer el libre tránsito, el orden y la seguridad púbica en ambas regiones.
En las intervenciones hubo quienes felicitaron el accionar del Ministerio Público en la persecución criminal en la zona. Asimismo, para algunos alcaldes que han realizado una buena labor en los territorios.
También se emitieron palabras de reconocimiento hacia el Gobierno, por ejemplo, por la constitución de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Igualmente, por la labor desarrollada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, al enfrentar por distintas aristas el problema.
De igual modo hubo variadas críticas e imputaciones negativas hacia el Ejecutivo, en particular, por la mantención de la violencia en las regiones incluidas en el decreto.
Se le acusó de indolente, de actuar con desidia y de normalizar una situación que duramente enfrentan los ciudadanos de la macrozona. Asimismo, como en otras ocasiones, se llamó a un actuar más decidido en la región de Los Ríos.
En materia de sugerencias, se planteó aumentar el contingente policial, la fiscalización en terreno y los puntos de control. De la misma manera, se llamó a entregar más herramientas a las FFAA y a instalar prefecturas de la PDI y de Carabineros en zonas claves. Junto a lo anterior, se pidió enfrentar a las unidades paramilitares y al terrorismo con las Fuerzas Armadas; trabajar con los alcaldes, juntas de vigilancia rural y las iglesias; y ayudar a las víctimas.
Gobierno
La ministra Carolina Tohá solicitó poner atención a que la situación no es la misma que cuando comenzó el estado de excepción en la macrozona sur. Recalcó que las cifras oficiales de las policías y del Ministerio Público indican mejoras en todos los indicadores, salvo en Malleco, donde se reconoce un alza en los hechos de violencia en el último tiempo.
Acotó que, en términos generales, se presenta una disminución del 12% de los eventos violentos, respecto del año pasado. Y casi en un 40%, comparado con 2021.
Sostuvo que hay evaluaciones permanentes en la macrozona y en la capital sobre las acciones realizadas y el estado de avance de los proyectos involucrados. Además, recordó que se constatan avances importantes en la agenda de seguridad: 16 proyectos despachados en lo que va del año, siete de ellos de la agenda priorizada. “Nunca en la historia se habían despachado tantos proyectos en un año en materia de seguridad”, remarcó.
Adelantó que este miércoles el Presidente presentará a los poderes del Estado y a las policías el anteproyecto de nueva ley antiterrorista que, luego, se presentará al Congreso para su tramitación.
Finalmente, entre otras consideraciones, expuso que se espera un aumento de mil 200 efectivos en Carabineros.
La solicitud, ratificada el pasado 19 de julio por el Senado, se aprobó en la Cámara por 90 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones.
Un único punto figura en la tabla de la sesión 128 de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para el próximo lunes 30 de enero. Dicha sesión está citada a partir de las 14 horas.
Se trata de la solicitud del Presidente de la República para autorizar una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia, en la denominada macrozona sur.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 42, inciso primero, de la Constitución Política de la República, el Primer Mandatario requiere del acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia de la medida, que aplica para la totalidad de la región de La Araucanía y para las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
Cabe recordar que el citado estado de excepción se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022 y su última prórroga vence el próximo 10 de febrero.
De aprobarse esta nueva solicitud, el EECC seguirá vigente por otros 15 días. Es decir, hasta el 25 de febrero.
Reforzar la corresponsabilidad parental en el cuidado, manutención y crianza de los hijos/as es parte del objetivo central del proyecto aprobado hoy por la Cámara de Diputadas y Diputados, en tercer trámite y en forma unánime. El texto ahora pasó al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
La propuesta (boletín 14077), prioritariamente, modifica la Ley 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Entre sus innovaciones está la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Este instrumento será electrónico y de acceso remoto, gratuito e inmediato. Estará habilitado para cualquier persona con interés legítimo en la consulta y lo supervisará el Servicio de Registro Civil e Identificación.
El Registro dará cuenta de la inscripción de las personas que reúnan, copulativamente, las siguientes condiciones:
Que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial que causa ejecutoria.
Que adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o cinco discontinuas.
Entre las funciones del Servicio estará realizar las inscripciones y actualizaciones respectivas, así como certificar si una persona se encuentra en él o no. Asimismo, se norman la vía de acceso al Registro y las formalidades que se deben cumplir para cada procedimiento.
“Pago serio”
El proyecto introduce lo que se denomina “Acuerdo de pago serio y suficiente de las pensiones de alimentos adeudadas”. Se aplica en casos en que el alimentante no tenga bienes suficientes para solucionar el monto total de las pensiones alimenticias adeudadas.
Para lo anterior, se deberán acreditar las circunstancias o garantías objetivas que hacen verosímil proyectar el cumplimiento íntegro y oportuno del acuerdo.
Se entenderá que es suficiente si permite solucionar íntegramente la deuda en el menor plazo posible. Ello, atendida la capacidad económica actual del alimentante y las necesidades del alimentario.
Para efectos de alcanzar un acuerdo, se podrá dividir en cuotas el monto total adeudado. El valor de cada cuota se expresará en unidades tributarias mensuales. Por el incumplimiento de una sola cuota se hará exigible la totalidad de la deuda y el demandado pasará al Registro mencionado.
Retenciones y limitantes para los deudores
La propuesta aborda las retenciones que se podrán efectuar para concretar el pago de deudas alimenticias. Esto funcionará en las operaciones de crédito de dinero, en los procedimientos de ejecución y en la devolución de impuestos a la renta. De igual modo, para los procedimientos concursables, así como en traspasos de bienes sujetos a registro (Ej. venta de un auto).
En la misma línea, se regula la obligación de consulta al Registro ante trámites como la renovación del pasaporte o cédula para conducir. También se exigirá para la entrega de beneficios económicos del Estado.
Por otra parte, se definen condicionantes para entrar o promoverse en la administración pública y organismos del Estado. Se incluyen en ello a los cargos de representación popular, como parlamentarios y gobernadores. De igual modo, se definen medidas de retención salarial para los funcionarios públicos deudores de pensiones alimenticias. Acciones similares se aplicarán a gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil.
Adicionalmente, se establece el deber de información sobre el estatus del deudor en la manifestación del matrimonio o acuerdo de unión civil.
Procedimientos
Gran parte de las normas de este cuerpo legal apuntan a procedimientos. Uno de ellos refiere a la forma de notificación electrónica que quedará registrada en el tribunal respectivo.
Otra disposición especifica que el juez deberá expresar el monto de la pensión alimentaria en unidades tributarias. Junto a ello, se fijará el periodo del mes en que se realizará el pago. Asimismo, se ordenará la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación.
También se perfecciona lo dispuesto para acreditar los ingresos y bienes del alimentante y se permite superar como monto de la pensión el 50% de las rentas del alimentante en caso de que existan razones fundadas. Para ello, se tendrá en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente.
Otra disposición remarca que, en cualquier etapa, el tribunal podrá decretar la medida cautelar de retención de fondos acumulados en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión del alimentante. Esto con el objeto de cautelar derechos derivados de pensiones alimenticias que se encuentren devengados.
Por último, entre otras múltiples normas, se crea la Comisión de Coordinación y Evaluación Cumplimiento de Pensiones Alimenticias. Tendrá carácter consultivo y su finalidad será procurar el fortalecimiento del sistema de cumplimiento pago.
Debate
En la discusión se recordó los variados intentos por mejorar este sistema. En tal plano, se estimó que el proyecto va en la línea correcta para ayudar a miles de madres de nuestro país. Asimismo, se observó que era un tema pendiente que ha incido en que solo un 16% de los deudores cumplan con sus obligaciones a tiempo.
Entre las medidas se valoraron las nuevas medidas cautelares y de notificaciones. De igual modo, se destacó la creación del registro y las acciones de apremio y retención de dineros. En la misma línea, que se haya establecido que el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos sea definido como violencia intrafamiliar.
Establecer una normativa jurídica que permita a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley, decida y solicite asistencia médica para morir es el objetivo del proyecto, nacido en mociones refundidas (boletines 7736, 9644, 11577 y 11745), que fuera aprobado hoy en general por la Cámara, por 79 votos a favor, 54 en contra y cinco abstenciones.
La propuesta, cuyas normas de quórum de ley orgánica constitucional fueron rechazadas por no alcanzar el mínimo de aprobación (ver más abajo), volverá ahora a la Comisión de Salud por ser objeto de indicaciones.
La iniciativa, que propone introducir modificaciones en la Ley sobre Derechos y Deberes de las Personas en Atención de Salud y en los códigos Civil y Penal, garantiza que se respete siempre la voluntad de las y los pacientes . Asimismo, vela porque quienes se encuentren en un estado terminal o con dolor severo no oncológico tengan derecho a recibir los cuidados paliativos tendientes a disminuirlos.
El proyecto, informado por el diputado Vlado Mirosevic (PL), agrega que solamente en el caso que una persona haya sido diagnosticada de un problema de salud grave e irremediable, tendrá derecho a decidir y solicitar, de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley, asistencia médica para morir.
El texto señala que la persona deberá haber sido diagnosticada de una enfermedad terminal o cuando tiene una enfermedad o dolencia incurable, donde su situación médica se caracteriza por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades y esto le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables. La norma también considera que este sufrimiento podrá ser de naturaleza psíquica.
Los requisitos para poder solicitar la asistencia médica para morir son que dos médicos deberán diagnosticar la enfermedad o la dolencia, ser mayor de 18 años, estar consciente al momento de tomar la decisión y en pleno uso de sus facultades mentales, lo que deberá ser certificado por un especialista.
El proyecto también detalla todo el procedimiento para la ejecución de la asistencia de muerte de una persona, estableciendo además el derecho del equipo médico a ser objetores de consciencia.
Junto a esto, se establece la existencia del documento de voluntad anticipada, que es un acto por el cual una persona capaz y mayor de edad, expresa su decisión futura de recibir asistencia médica para morir, cuando se encuentre en la situación que la ley lo permita.
En esta declaración se podrá designar una o varias personas de confianza, mayores de edad, clasificadas por orden de preferencia y prelación, para que manifiesten al médico la voluntad del paciente.
Menores de edad
En la sesión intervinieron un gran número de diputados y diputadas quienes, por un lado, valoraron la posibilidad de incorporar en la legislación esta norma que apuntaría a garantizar el derecho a una vida digna y a la autonomía en la toma de las decisiones.
Sin embargo, hubo quienes criticaron la medida asegurando que es necesario potenciar aún más los cuidados paliativos y rechazaron por 74 votos a favor, 61 en contra y cuatro abstenciones que menores de edad puedan acceder a la asistencia médica para morir (necesitaba 89 votos a favor por tratarse de una norma propia de ley orgánica constitucional).
Esta parte del articulado del proyecto establecía que cuando la persona fuera mayor de 14 años y menor de 16 sería necesario contar con la autorización de su representante legal o de sus representantes legales, si tuviese más de uno.
A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del representante legal, o si este no es habido, la o el paciente podría solicitar la intervención del juez con competencia en materia de familia del lugar en donde se encuentra para que constate los requisitos legales de procedencia de asistencia médica para morir.
Si la persona es mayor de 16 años y menor de 18, establecía que el médico tendrá la obligación de informar a sus representantes legales, pero la solicitud tomaría su curso prescindiendo de cualquier consentimiento ajeno a la voluntad del mismo paciente.
La Comisión de Seguridad Ciudadana continuó con el análisis de la propuesta que apunta, entre otras materias, a generar el debido control de los fondos del Estado, destinados a asegurar la seguridad pública
Parlamentarios de diversos sectores políticos se mostraron abiertos a conocer las verdaderas razones del grave episodio de contaminación atmosférica que afecta a la zona, esto una vez que se constituya la comisión investigadora, que fuera aprobada por la Sala de la Cámara
La iniciativa, encabezada por la diputada Cristina Girardi y respaldada por miembros de la comisión de Educación, apunta a terminar con las mediciones estandarizadas y con la prueba Simce
