CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La instancia legislativa continuó con la realización de audiencias públicas en relación al proyecto (Boletín 9366) que reforma el sistema electoral, escuchando la opinión del Colegio de Profesores, así como del área de Educación de la Conferencia Episcopal y la oficina regional de UNESCO.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, explicó que el gremio ha definido su posición como de “rechazo propositivo” al proyecto, ya que comparten los objetivos que se buscan alcanzar, pero estiman que los medios deben ser mejorados.

“Como Colegio de Profesores estamos de acuerdo en los cambios y hay que abrirse a ellos y generar un nuevo sistema educativo en Chile y no comprendemos a muchos que han defendido este modelo educacional”, sostuvo Jaime Gajardo, quien agregó que cabe preguntarse si el actual sistema fuera tan bueno, hubiese generado la crisis institucional o las estadísticas que muestran un bajo nivel educacional.

Por ello, el Colegio de Profesores planteó que un punto inmediato a resolver es el lucro que se realiza con los recursos de las subvenciones (Normal y SEP) por medio de las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE´s), a través de terminar con su funcionamiento y trasladando sus competencias a un organismo descentralizado dependiente del MINEDUC.

En materia de selección escolar, Jaime Gajardo dijo que para los profesores esta representa uno de “los componentes más nocivos del actual sistema educativo porque es un obstáculo al derecho de la educación”, y se debe avanzar a la eliminación total de esta. Por último, en materia de copago, para el Colegio de Profesores es excesivo el plazo que el proyecto considera para terminar con el financiamiento compartido, dado el impacto que tiene en los estudiantes que seguirán siendo educados “en un sistema segregado como el actual” y plantearon que este punto debe ir de la mano de la des municipalización.

Iglesia Católica

El Obispo de Temuco, Héctor Vargas, presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, entregó la opinión de la Iglesia Católica al proyecto en trámite, junto con reafirmar la disposición que han tenido al diálogo con las autoridades de Educación.

El obispo Vargas inició su exposición señalando que “no es difícil concluir por las consecuencias de algunos artículos, que ha faltado un diagnóstico más acabado sobre el funcionamiento del sistema particular subvencionado” y que queda la “sensación de una fuerte desconfianza hacia la totalidad de la educación subvencionada”.

El prelado reiteró que desean colaborar para corregir prácticas abusivas por parte de algunos “sostenedores inescrupulosos” y que la eliminación del “lucro entendido como negocio y usura con fondos públicos, en desmedro de una educación de calidad”, es un imperativo moral necesario.

Pero en cuanto al contenido del proyecto, planteó las inquietudes en diversos puntos que deben ser clarificados o revisados, tales como los descuentos o negación de la subvención o que se tienda a favorecer una educación pública estatal en desmedro de la educación particular subvencionada. Asimismo, el obispo Vargas hizo hincapié en el derecho de los padres a elegir, a los procesos de admisión de acuerdo a los proyectos educativos o la creación de nuevos establecimientos, y planteó que es posible establecer una regulación que impida la discriminación por razones socioeconómicas, rendimiento o condición familiar.

UNESCO

La Comisión de Educación también recibió la opinión del director de la Oficina Regional de Unesco, Jorge Sequiera, quien sostuvo que el proyecto de ley que está en trámite cumpliría con acuerdos y tratados internacionales suscritos por el país, en materia de gratuidad y acceso a la educación.

De hecho, explicó, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por Chile en 1972, señala que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente, mientras que la secundaria debe ser generalizada y accesible, por medio de la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, lo mismo que en el caso de la educación superior.

En cuanto a la selección de estudiantes, UNESCO indica que “garantizar el derecho a la no discriminación es condición sine qua non para el ejercicio del derecho a la educación” y que el uso de fondos públicos impone el desarrollo de una prestación sin discriminación de ninguna naturaleza, además que “prácticas como la selección y expulsión de alumnos además de atentar contra el derecho a la educación, limitan la integración y la cohesión social, y conducen a la concentración de aquellos con mayores necesidades educativas en determinados centros, especialmente los públicos de zonas desfavorecidas”.

Visiones de la reforma

Para la diputada Yasna Provoste (DC), durante las audiencias se han visto las dos caras presentes en la sociedad frente a la reforma, donde por una parte está una ciudadanía que “aspira a generar transformaciones profundas al sistema educacional, que se expresan a través de los tres ejes planteados en el proyecto, pero hay otros que aspiran a mantener las reglas del juego que han generado tanta injusticia”.

Añadió que se debe hacer un mayor esfuerzo para que la educación “deje de ser un elemento más de injusticia social, económica y cultural y generar un sistema más acorde con un modelo de país que no discrimine”.

Por su parte, el diputado Romilio Gutiérrez (UDI) afirmó que pese a las visiones diferentes que se pueden tener con los diferentes actores, hay coincidencia que es necesaria una reforma a nuestro sistema educacional, “superar los problemas que especialmente tiene de calidad” y que el proyecto requiere modificaciones para cumplir con estos objetivos.

El legislador agregó que es importante recoger lo planteado, por ejemplo por UNESCO, respecto a que nuestro país “no solo tiene que avanzar en equidad sino en calidad y que son elementos asociados”, porque, recalcó, un niño puede tener acceso pero no recibir ninguna formación y no se estaría cumpliendo el derecho a la educación.

La Comisión de Educación acordó citar para el martes 5 de agosto, al Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, para que pueda entregar más detalles del plan de fortalecimiento de la educación pública.