Osvaldo Maldonado detalló las informaciones sobre las auditorias realizadas en el organismo regional, en particular de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Regional que se encuentran cuestionados.
Dichos informes indican que los proyectos corresponden al año 2012, donde se evidenciaron irregularidades administrativas en el proceso de asignación y rendición de los proyectos. Se trataría de los casos denominados Quilpue, Valparaíso Joven, La Calera y Viña del Mar.
Según Osvaldo Maldonado, una revisión general muestra que en los casos expuestos no existieron los procesos administrativos previos que sustentaran los proyectos, como las actas de admisibilidad; no hubo una correcta rendición de gastos para justificar el uso de los recursos; ausencia de lista de beneficiaros o participantes de los programas, gastos realizados con posterioridad a las fechas de los proyectos y facturas sin detalles de servicios prestados o emitidas exentas de impuestos, cuando los servicios indicados les correspondía el pago de IVA.
El personero fue consultado por los procesos internos de auditoria y control previos a que se autorizaran los proyectos y explicó que los informes que estaba entregando corresponden a los procesos posteriores.
Añadió que desconoce el procedimiento de cómo se entregaban los listados de los proyectos a priorizar en el Consejo Regional, y si en esa instancia se contaba con la información completa de los proyectos (lo cual a su juicio habría permitido detectar que no contaban con los informes técnicos de admisibilidad y evaluación técnica previos).
Ausencia de control
Para la diputada Marcela Hernando (PRSD) quienes conocen como funcionan las cosas al interior de la administración pública, donde “el hilo se corta por lo más delgado, hay que tratar de individualizar quiénes han sido los ideólogos de esto, porque me parece que hay responsabilidades que aun no se logran objetivar”.
La diputada añadió que de los antecedentes expuestos se desprende que “no hay una actitud preventiva de todos los procesos que se llevan a cabo con los diferentes fondos públicos” y que al comparar reglamentos de diferentes gobiernos regionales con el de Valparaíso, “distan mucho respecto de su estrictez”.
Por su parte, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) recalcó que la mayoría de los proyectos corresponden al 2012, período que coincide con el año de las elecciones municipales “y muchas de las personas involucradas participaron en esas campañas y se distrajeron recursos con organizaciones artificiales que se crearon para desviar recursos del gobierno regional y que después fueron usados en campañas políticas y eso está bastante claro y es lo que está tratando de probar el Ministerio Público”.
Sobre las nuevas denuncias que han ido surgiendo, el legislador afirmó que “las personas se asustan porque saben que pueden ser involucradas en hechos delictuales” y denunció que hay algunas que han sido amenazadas, “lo que da cuenta que aquí ha habido una organización para delinquir”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS