CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Una apreciación negativa manifestó anoche ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados la Asociación de AFPs respecto del proyecto del Ejecutivo (boletín 9399) que crea una Administradora de Fondos del Estado, estimándose, incluso, que los objetivos del Gobierno, de bajar las comisiones, entregar un servicio de calidad y atraer a quienes no están obligados a cotizar y de zonas alejadas, son difíciles de cumplir compitiendo en igualdad de condiciones con las instituciones no estatales.

El presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez, sostuvo que, para aumentar la cobertura se requiere recolectar el pago de cotizaciones a los independientes (obligar o incentivar vía subsidio o menores impuestos, con bajo impacto si es voluntario); disminuir la evasión previsional y promover formalización del trabajo (mayor fiscalización); y aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes (reforma al mercado del trabajo, capacitación, etc.).

Respecto del aumento de cobertura en zonas alejadas, planteó que la afiliación no es problema (9,7 millones afiliados versus un 8,4 de la fuerza de trabajo), por cuanto es necesario personal de venta y no oficinas. Además, recordó que los principales servicios hoy en día se pueden realizar por Internet, sin necesidad de acudir a una agencia, como por ejemplo: traspaso de AFP y elección de fondo, giros de cuenta 2 y APV; certificados del SII y previsionales, trámites de pensión, etc.; y certificados para prestamos (6 millones de consultas al año sin pasar por una sucursal).

Pérez recalcó que el sistema no presenta barreras de entrada para nuevos actores (requiere un capital inicial de UF 5.000 y autorización de la SP) y afirmó que hoy las administradoras compiten fuertemente a través de la rentabilidad de los fondos administrados (diferencia de 1% de rentabilidad a lo largo de la vida laboral implica un 30% de mayor pensión), de las comisiones (el promedio anual es de 1,3% sobre la renta, en tanto que la más baja es de 0,47%) y del servicio.

Además, cuestionó que un mejor uso del capital que se empleará en crear una AFP del Estado estaría en incrementar el número de pensiones básicas solidarias (PBS) y los aportes de pensiones solidarios (APS). Indicó que, en el caso de los hombres, se podrían aumentar en 87.043 las APB, si se considera una participación de mercado del 10%; y de 174.085, con un 20%. Para las mujeres, las cifras serían de 66.147 y 132.294, con los mismos márgenes de participación. Respecto de las APS, el aumento sería de 22.167 (10%) y de 288.191 (20%), para los hombres; y de 464.306 (10%) y 497.318 (20%), para las mujeres.

Puntos Críticos

Rodrigo Pérez planteó que el proyecto presenta variados puntos críticos, como por ejemplo, la utilización de la palabra “Estado” en el nombre de la AFP estatal, ya que generaría confusión sobre la garantía y el respaldo con que contará la administradora; afectaría la libre competencia, ya que el nombre induce a equívocos respecto de la real responsabilidad patrimonial o administrativa de la AFP; y crearía “una ventaja competitiva indebida, al sugerir una mayor o mejor protección a sus afiliados respecto del resto de los actores del sistema, que no es efectiva”.

Planteó que la opción de considerar otros servicios conexos, complementarios y auxiliares que digan relación con su objeto social, contraponen la lógica de giro único y conlleva una discriminación arbitraria en el trato económico. “Se consagra así un giro privilegiado contrario a la libre competencia ya que las demás AFP deben sujetarse al giro definido en DL 3500, exclusivamente”, enfatizó.

También criticó la falta de un mecanismo para que la AFP estatal asuma el costo de capital, lo que afectaría la libre competencia con las otras administradoras; y cuestionó un posible conflicto de interés con la excepción que se establece para invertir en títulos y documentos de entidades del mismo grupo empresarial.

Además, dijo que la contratación de servicios “bajo cualquier modalidad” de parte de los Centros de Atención Previsional Integral del Instituto de Previsión Social genera riesgos para la libre competencia, pues si la AFP estatal no contrata los servicios en condiciones de mercado (sino en otras más favorables), se estaría generando un subsidio desde el Estado en su favor.

Respecto de la excepción a la regla de encaje, planteó que el riesgo radica en que la determinación de los instrumentos de inversión alternativos debe hacerse de manera de no favorecer indebidamente a la AFP estatal. “Esto puede otorgar oportunidades de obtener mayores rentabilidades de su encaje a la AFP estatal respecto de las demás AFP y rompe la lógica del encaje (1% invertido por las AFP en los mismos instrumentos que los Fondos de Pensiones)”, precisó.

Además, estimó necesario que el proyecto de ley contemple reglas explícitas y claras que garanticen que las votaciones de la AFP estatal se guiarán siempre y únicamente por criterios técnicos; y que los precios de los servicios se enmarquen en un marco institucional, sin generar prácticas contrarias a la libre competencia.

“El Mensaje Presidencial no contiene una justificación suficiente en orden a que la creación de una AFP estatal sea el único o el mejor instrumento para alcanzar los objetivos de bien público que se invocan: no mejora la cobertura; no mejora la competencia, ni responde a los reales desafíos del sistema de pensiones”, sentenció.