La Comisión de Transportes acordó ampliar el debate frente a los planteamientos presentados por el constitucionalista Raúl Tavolari, quien sostuvo que la propuesta infringía la Carta Fundamental al vulnerar el precepto que indica que no se puede presumir de derecho la responsabilidad penal.
Un inesperado giro, que pasó por postergar la votación al menos hasta septiembre, tuvo este martes el proyecto (boletín 9487) fijado en la tabla de fácil despacho de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que establece una presunción de derecho de responsabilidad, en caso de fuga del infractor, que participa en un accidente de tránsito.
La postergación tuvo su principal raíz en las observaciones planteadas ante la instancia por el profesor de Derecho Procesal Penal, Raúl Tavolari. En lo medular, el constitucionalista sostuvo que la propuesta contraviene directamente un precepto de la Carta Fundamental que indica que no se puede presumir de derecho la responsabilidad penal.
“Ustedes no están frente a una controversia entre la vida y las leyes, ese es un error. Ustedes están enfrentados al primer deber que tiene todo órgano del Estado y, desde luego, el Parlamento: cumplir con la Constitución”, sentenció.
El diputado René Manuel García (RN) reconoció la opinión legal del profesor, pero sostuvo que la realidad supera la realidad constitucional. “Nosotros decimos que hoy es mucho más barato que un señor en estado de ebriedad atropelle a cinco o seis persona, se arranque y vuelva a los dos días después, en donde se presume que iba en estado de ebriedad. Por eso lo que nosotros queremos ahora es configurar que el que arranca del lugar en donde se cometió el delito, se presuma que hay un delito y evitar así el subterfugio”, planteó en el debate.
Para el diputado Gustavo Hasbún (UDI), la discusión presentada replica lo sucedido en los trámites de la Ley de tolerancia cero y en la Ley Emilia, donde diversos penalistas alertaron de la improcedencia de las normas, indicando prácticamente que eran una aberración jurídica. Estimó que en este tema el legislador tiene que tomar una decisión y recordó que es un tema ya caminado por países como España, Francia, Inglaterra y Portugal, en donde se optó por proteger la vida por sobre otros intereses.
La diputada Alejandra Sepúlveda (IND) recalcó que la moción busca resolver un tema latente en la sociedad y que es percibido por la ciudadanía como una injusticia, ya que hoy, frente a un accidente de tránsito, el infractor suele huir para evitar los exámenes que dictaminen si estaba o no en estado de ebriedad. “¿Cómo hacemos entonces que la justicia impere?”, interrogó al constitucionalista, aludiendo a la objeción planteada a la moción.
En este plano, Raúl Tavolari insistió que no se trata de un tema de interpretación, sino del cumplimiento de un precepto constitucional al cual los legisladores están obligados. “A la pregunta qué hay que hacer: modifiquen la Constitución; eliminen las prohibiciones de presunciones de derecho. Yo no me imagino que un diputado de este Congreso Nacional, a sabiendas, va a votar una ley que vulnere la Constitución”, puntualizó.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Francisca Yáñez, planteó a los diputados considerar una alternativa a la propuesta presentada e informó, en esa línea, que en la discusión de la Ley Emilia, en el Senado, se está analizando justamente la opción de crear un nuevo delito relacionado al hecho de fugarse tras un accidente de tránsito.
El diputado Felipe Letelier (PPD) dijo acoger los planteamientos del constitucionalista y coincidió en que, más allá de las buenas intenciones, no es posible torcer la Carta Magna, debiendo plantearse otros instrumentos para abordar la problemática, como la recomendación dada por Francisca Yáñez, visión que compartió el diputado García.
En este plano y en concordancia con la Secretaría, el presidente de la Comisión, diputado Fernando Meza (PRSD), reconoció la problemática constitucional que presenta el proyecto y suspendió su votación hasta que se recepcione, eventualmente durante el mes de septiembre, una indicación que avance en el nuevo tipo penal.
La diputada Loreto Carvajal (PS) se manifestó también conforme con la opción, pero llamó a ser proactivos y encargar mayores antecedentes sobre la fórmula que se estudia en el Senado y ver la posibilidad de emprender acciones prontas sobre la materia.
Cabe recordar que el proyecto nació en moción de las diputadas Loreto Carvajal y Alejandra Sepúlveda y de los diputados René Manuel García, Gustavo Hasbún, Felipe Letelier, Celso Morales (UDI), Iván Norambuena (UDI), Leopoldo Pérez (RN), Jorge Sabag (RN), y Felipe Ward (UDI).
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS