La iniciativa fue presentada por la diputada Maya Fernández junto a un grupo de parlamentarios, y precisa que no existe una razón técnica que justifique la adquisición o la imposición de la obligación de compra de textos escolares curriculares adicionales a los entregados por el Ministerio de Educación.
La moción (boletín 9492) fue presentada por los diputados Maya Fernández (PS), Karol Cariola (PC), Daniella Cicardini (PS), Sergio Aguiló (IC), Gabriel Boric (Ind), Fidel Espinoza (PS), Iván Fuentes (Ind), Roberto Poblete (Ind), Gaspar Rivas (Ind) y Patricio Vallespín (DC), y será estudiada por la Comisión de Educación.
Los legisladores recuerdan que en los colegios municipales, públicos o particulares subvencionados, el Estado entrega textos escolares curriculares a los alumnos chilenos. Por ello, sostienen que "no existe una razón técnica que justifique, la adquisición o la imposición de la obligación de compra de textos escolares curriculares adicionales a los entregados por el Ministerio de Educación".
Asimismo, mencionan la cantidad de denuncias que ingresan al Ministerio de Educación o las Seremis respectivas, en razón de la obligación de compra que efectúan algunos establecimientos educacionales, recaída en los padres, madres o apoderados.
De hecho, precisan que el instructivo N° 85 de la Superintendencia de Educación, del 11 de febrero de 2014, ya establece la prohibición de solicitar textos escolares adicionales a los que entrega el Mineduc sin que ello esté fundamentado pedagógicamente.
El proyecto modifica la Ley de Subvención Escolar Preferencial, estableciendo que "ningún sostenedor podrá adquirir con fondos de esta ley textos escolares curriculares, tampoco podrá exigir o proponer a los padres, madres o apoderados la compra o adquisición de textos escolares curriculares, adicionales a los entregados por el Ministerio de Educación, salvo que el sostenedor solicite a dicha secretaría de estado lo autorización expresa".
Asimismo, se modifica la Ley General de Educación, para prohibir a los sostenedores exigir o proponer, a los padres, madres o apoderados, la compra o adquisición de textos escolares curriculares adicionales a los entregados por el Ministerio de Educación, salvo que el sostenedor solicite a dicha secretaría de Estado la autorización expresa.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS