El texto legal dispone que un reglamento establecerá la forma, dosis, lugar y periodicidad para cumplir este tratamiento.
Los diputados Karla Rubilar (Ind), Claudia Nogueira (UDI), Pedro Browne (Ind) y Cristián Monckeberg (RN), presentaron una moción (boletín 9524) que modifica las leyes 18.216 y 19.856, exigiendo al condenado por delito de abuso sexual infantil someterse a tratamiento médico para acogerse a beneficios.
Los autores señalan que "no podemos dar un igual trato a aquel condenado que asume su enfermedad con aquel que la niega. El condenado que asume y está dispuesto a someterse a un tratamiento médico, consideramos prudente que pueda acceder a algún beneficio de cumplimiento alternativo o beneficio carcelario".
Por el contrario, la propuesta, que será estudiada por la Comisión de Constitución, establece que el condenado no podrá acceder a ninguno de estos beneficios si no accede voluntariamente al tratamiento.
Se establece asimismo que el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Ministerio de Salud, deberá redactar un reglamento que establezca los fármacos, dosis, periodicidad y lugar de cumplimiento.
Por último, se dispone que esta norma entre en vigencia una vez redactado el reglamento, plazo que no podrá ser superior a seis meses de su publicación.
Según estimaciones del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), en Chile se producen 20.000 delitos por abuso sexual al año. Sólo un 15% del total es denunciado oportunamente a través de los tribunales y de éstos, un 3,3% recibe sentencia judicial (1994). Las víctimas son mayoritariamente niñas, menores de 11 años. Pese a las estimaciones anteriores, la real magnitud del problema es aún desconocida, postulan los legisladores.
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