Los autores expresan que no existe una verdadera razón para que los dirigentes gremiales y sindicales puedan competir por cargos de representación popular, y que al contrario, varios legisladores han obtenido respaldo gracias a haber sido primero dirigentes sociales.
Los diputados Osvaldo Andrade (PS), Gabriel Boric (Ind), Cristián Campos (PPD), Hugo Gutiérrez (PD), Cristián Monckeberg (RN), Ricardo Rincón (DC), René Saffirio (DC), Guillermo Teillier (PC), Patricio Vallespín (DC) y Alejandra Sepúlveda (Ind), presentaron un proyecto de reforma constitucional que deroga la inhabilidad de los dirigentes gremiales y sindicales para postular a elecciones parlamentarias (boletín 9539).
Los autores sostienen que una de las hipótesis vigentes respecto a la inhabilidad de un dirigente gremial o sindical para ser candidato, "es una noción difícilmente compatible con un estado democrático y pluralista", al pretender “establecer compartimientos estancos entre la dirigencia política y la dirigencia de actividades sociales”.
Recuerdan que durante la génesis de esta norma, "se esgrimieron argumentos que apuntaban a delimitar la participación política de los grupos intermedios de la sociedad, a través de la imposición de un régimen corporativista que ha fomentado la despolitización".
Afirman los parlamentario que "la democracia debe incluir a todos los actores que representen las diversas posturas en la sociedad. Hoy vemos una cantidad importante de legisladores cuyo respaldo ciudadano se ha legitimado a partir de su escalada como dirigentes sociales, lo cual es positivo para la representación de las diversas posiciones que existen en nuestra ciudadanía. Aquí radica precisamente la necesidad de esta reforma".
Por ello, el proyecto de reforma busca suprimir el impedimento para ser candidatos a diputado o senador, previsto para las personas que desempeñan cargos directivo de naturaleza gremial o vecinal, "atendido que tal interdicción no se justifica en el sistema democrático, pues los motivos de tal prohibición que pretendía evitar la politización en estos ámbitos, significa excluir la posibilidad de intercambiar ideas políticas en las bases mismas de la participación ciudadana, lo que no encuentra apoyo en un Estado democrático de derecho que apunta justamente a la más amplia participación social posible".
La propuesta será estudiada por la Comisión de Constitución.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS