El proyecto de ley presentado por diputados DC, encabezados por Víctor Torres, señala que hay más de 93 mil casas auto construidas bajo este programa que no pueden regularizar sus ampliaciones porque tienen una superficie superior a 25 m2, por lo que proponen extender los beneficios de la Ley 20.671 a viviendas progresivas de hasta 100 m2 de superficie.
Son autores del texto (boletín 9579) los diputados Víctor Torres, Claudio Arriagada, Iván Flores, Roberto García, José Miguel Ortiz, Juan Morano, Jaime Pilowsky, René Saffirio, Gabriel Silber y Matías Walker.
A fines de 1990, el gobierno del Presidente Aylwin desarrolló el Programa de Viviendas Progresivas, orientado a sectores vulnerables y allegados, urbanos y rurales, y que consistía en una primera etapa en la entrega de un sitio urbanizado que contaba con agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, más la construcción de una "unidad sanitaria" que comprendía una cocina y un baño con WC y ducha.
La segunda etapa del programa establecía un subsidio para permitir la construcción, a través del Ministerio de Vivienda o de una empresa privada, de las demás habitaciones del inmueble.
Este programa trató de complementar la política habitacional de esos años, buscando una resolución a las necesidades habitacionales esenciales de las familias más carenciadas, dando una especial prioridad a los allegados y a quienes no alcanzaban a contar con el ahorro mínimo para optar a una vivienda básica.
Lo que caracterizó este programa fue la autoconstrucción por parte de las familias beneficiadas a partir de la unidad básica que tenía una superficie de entre 6 y 35 m2, por lo que muchos de ellos nunca optaron por postular a la segunda etapa del programa.
Cifras oficiales del Ministerio de Vivienda señalan que entre 1991 y 2002, se terminaron 44.774 viviendas progresivas de primera etapa a través de la modalidad SERVID y se pagaron 63.634 subsidios de primera etapa en modalidad privada. Es decir, se construyeron en total 108.408 soluciones básicas. Y de ese total, se pagaron sólo 15.150 subsidios de segundas etapas.
Es decir, 93.258 familias completaron su vivienda mediante la autoconstrucción, pero sus edificaciones quedaron fuera de las disposiciones de la Ley N°20.671 que renovó el procedimiento de regularización, conocido como “Ley del Mono”, porque simplificaba los trámites para regularizar las casas con un límite de ampliación de 25 metros cuadrados.
El proyecto anota que si bien la autoconstrucción permitía que las familias construyeran y modificaran su casa de acuerdo a sus propias necesidades, se observa una gran dificultad para consolidar las soluciones entregadas inicialmente, en especial de los grupos familiares más débiles como lo son los hogares homoparentales femeninos o de adultos mayores.
Muchas de estas viviendas presentan problemas estructurales, y al estar en una situación irregular, sus propietarios no pueden optar a subsidios y beneficios para subsanar esta situación.
Por lo anterior el proyecto de ley busca que los propietarios de la primera etapa del Programa de Viviendas Progresivas que no tienen sus construcciones regularizadas puedan acceder a los beneficios comprendidos en el procedimiento simplificado establecido en la ley 20.671, con un límite máximo para la ampliación de 100 m2.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS