CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Una “suerte de cultura del despelote del gasto público” en las municipalidades y en las corporaciones municipales del país acusó ayer el Contralor de la República, Ramiro Mendoza, en el contexto del análisis que efectuara el ente fiscalizador sobre la rendición de cuentas de dichas entidades respecto de los dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

El Contralor Mendoza informó a la Comisión Investigadora que las auditorías dieron cuenta de falta de prolijidad y de orden en la administración de los recursos financieros, siendo los principales problemas detectados los siguientes: omisión de controles físicos o financieros de los bienes adquiridos con cargo a la subvención; recursos que no son administrados en una cuenta corriente exclusiva; dineros SEP que son mayoritariamente destinados a gastos ajenos a los fines de la ley 20.248 (SEP); retraso en la elaboración y ejecución de los Planes de Mejoramiento Educativo; y un saldo no aplicado a la finalidad SEP, llegando a invertirse, incluso, en fondos mutuos.

“Estamos frente a una cosa muy seria y que se trata de una subvención que está destinada a niños y niñas que tienen una vulnerabilidad socioeconómica relevante, respecto del cual el Estado hace un esfuerzo tremendo y respecto del cual no hay en el plazo desde que está instalado, desde 2008, una rehabitualitad que uno pueda decir: ¡Por Dios que hemos avanzado!”, puntualizó.

Indicó que, la gravedad de los datos obtenidos en el estudio inicial (ocho auditorías), motivó a la creación del Programa Transversal (PTRA) a los fondos entregados por la ley SEP, que tomó como base de investigación el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011.

Explicó que el estudio contempla un total de 230 fiscalizaciones (154 auditorías, 34 investigaciones especiales, 42 seguimientos y 7 fiscalizaciones en curso) y considera recursos recepcionados por $78.560 millones, en el caso de las municipalidades; y por $46.503 millones, en el de las corporaciones municipales.

Detalló que el PTRA reconoció falta de fiscalización de parte del Ministerio de Educación (37% de las 603 municipalidades y 46,4% de las 328 corporaciones municipales) y una serie de gastos improcedentes, específicamente: el pago de su dotación docente con fondos SEP ($8.945 millones), gasto que tiene otra fuente de financiamiento; y el financiamiento de gastos ajenos a lo establecido en el Plan de Mejoramiento Educativo (salidas pedagógicas en centros recreacionales, jornadas de capacitación con city tour incluido, compra de alimentos para celebraciones del día del adulto mayor y profesor, entre otros), por $1.695 millones.

Asimismo, el PTRA detectó desembolsos insuficientemente acreditados por $2.666 millones (falta de factura original, honorarios sin informe de actividades realizadas, decretos de pago sin firmas correspondientes, entre otras); y gastos no acreditados por $224 millones.

Señaló que la cuadratura de ingresos percibidos, gastos y saldos no ejecutados permitió comprobar que un total de $25.560 millones de las transferencias efectuadas desde el año 2008 al 30 de junio de 2011, no se encontraba disponible, presumiéndose que se gastó en fines distintos a los autorizados por la ley 20.248. De este monto, $13.740 millones corresponden a 37 municipalidades (51% faltante) y $11.819 millones, a 15 Corporaciones (76,8% faltante). El total irroga un 60,45% faltante en 52 entidades.

Además, se detectó importantes saldos de recursos no invertidos, conforme la cuadratura de ingresos percibidos, gastos efectuados y saldos no ejecutados ($72.549 millones); y diferencias entre lo gastado y las rendiciones presentadas el año 2010, por un monto de $549 millones.

Mendoza informó que del PTRA se derivaron diversas acciones, entre ellas, instrucciones sumariales, encargo de medidas disciplinarias y la presentación ante el Ministerio Público de seis denuncias por posible malversación de fondos públicos, por un monto total de $2.975 millones, que involucra a las municipalidades de Longaví y Curacaví y a las Corporaciones municipales de Ancud, San Bernardo, Conchalí y La Florida.

Otro punto que destacó el Contralor fue el relativo a la modificación efectuada a través la Ley 20.550, del 26 de octubre de 2011. Explicó que la flexibilización de la exigencia sobre el uso de los recursos SEP implicó una desnaturalización del objetivo original de la ley, al permitir que baste invertir el 35% de los recursos transferidos a los fines propios de la Subvención, lo que legitima su inversión en fines diversos, en tanto sean propios del ámbito educacional.

“Cuando se readecuó la ley, se hizo esencialmente porque venían los convenios y como venían la renovación de los convenios, venía también una necesidad urgente de los alcaldes de intervenir en esa renovación. Hoy ya no estamos en este tema, ya se renovaron, estamos en el espacio prudente y adecuado como para revisar qué es lo que el legislador quiere y qué es lo que la sociedad quiere respecto del uso de estos recursos públicos”, planteó.

Reconoció que este virtual saneamiento de cuentas ya se efectuó y que, por lo tanto, es importante hacer hoy la discusión y hacer mejoras en la Ley 20.248. “Lo que he percibido es que hay miradas que podrán ser antagónicas ideológicamente, pero que son convergentes en la necesidad de dar una solución real a los problemas educativos y a la aplicación de estas leyes”, evaluó.

Al término del encuentro, el presidente de la Comisión Investigadora sobre el uso de los recursos SEP, diputado Claudio Arriagada (DC), valoró lo aportes entregados por Ramiro Mendoza y destacó que la instancia se fijó como propósito poner toda la problemática presentada dentro de un contexto.

Adelantó que, para cumplir el objetivo, citarán e invitarán a diversas autoridades relacionadas con el tema, entre ellos, a los titulares del Consejo de Defensa del Estado, de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Superintendencia de Educación. “Una vez que se haya escuchado a todos, la Comisión sacará conclusiones”, recalcó.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) acogió la crítica efectuada por el Contralor, en orden a las muchas falencias en el sistema de rendición de cuentas y coincidió en la necesidad de solucionar la problemática cuanto antes. “Es un aspecto sobre el cual se debe avanzar de manera importante en el país y que no tiene que ver con una administración u otra. Hoy día el estándar que tenemos de rendición de cuenta y de transparencia es mucho más alto que hace varios años atrás y, por lo tanto, necesitamos mantener ese estándar”, acotó.

Dijo que una vía puede ser unificar la forma en la cual se rinden esos dineros, de manera que sean claramente identificables y puedan dirigirse a mejorar la calidad de la educación.