CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con la participación del Ministro de Energía, Máximo Pacheco, y del gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Marcelo Tokman, la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados analizó el proceso por el cual la empresa Ecocopter se adjudicó los servicios de navegación aérea en Magallanes, tras declararse desierta la licitación.

Marcelo Tokman sostuvo que las acciones relacionadas con el proceso de licitación, así como la posterior adjudicación directa se ajustan a derecho y son legales. “Estamos convencidos, no solo de que se actuó de acuerdo a toda la normativa y regulaciones de Enap y las leyes, sino que el resultado permite mejorar los estándares de seguridad del transporte de pasajeros en Magallanes, situación fundamental y prioridad número uno y, además, en condiciones económicas muy favorables para la empresa”, enfatizó.

Dijo que es obligación de Enap, frente a la duda o indicio fundado de un conflicto en términos de probidad (DAP no habría entregado información sobre accidentes que después se conocieron y existiría conflicto de interés con funcionarios de la estatal), tomar las acciones pertinentes, como fue declarar desierta la licitación y obviar en la posterior negociación al oferente comprometido en los hechos cuestionados.

Basados en la información aportada por el gerente general de Enap al Ministro Pacheco, a través de un oficio, las autoridades explicaron que DAP Helicópteros S.A. prestó servicios para Enap por casi 24 años, siendo la principal vía de contratación de esta empresa el trato directo y la renovación, recibiendo durante el periodo alrededor de US$50 millones.

Comunicaron que el directorio de Enap adoptó la decisión de efectuar un proceso de licitación, estimando prudente avanzar en mejoras en el servicio, principalmente en materia de seguridad, y tras recibir, en 2013, una notificación de DAP que indicaba que si el pago no subía al menos en un 23%, terminaría con los servicios en 60 días, hecho que contravenía el contrato (la facultad de aumento unilateral de precios y posibilidad de terminación anticipada de los servicios no estaba contemplado en el contrato vigente).

Detallaron que se invitó a participar en la licitación a 14 empresas, de las cuales solo tres presentaron ofertas: Calquín Helicopters S.A., Ecocopter S.A. y DAP Helicópteros S.A. Precisaron que, el 11 de julio, se realizó la apertura económica sólo con estas dos últimas empresas, ya que calificaron legal, financiera y técnicamente, mientras que Calquín Helicopters S.A. no superó la evaluación financiera.

Explicaron que el proceso de licitación se vio interrumpido por cuanto se tuvo conocimiento de ciertos conflictos de interés y relaciones inapropiadas entre funcionarios de Enap, con responsabilidades directas y exclusivas en la gestión del contrato con DAP Helicópteros Argentina S.A. Señalaron que estos antecedentes, que surgieron a partir de una auditoría general a los servicios licitados de Enap Sipetrol Argentina, fueron puestos en poder de la justicia argentina y son actualmente materia de investigación judicial.

Además, agregaron, una investigación interna de Enap detectó importantes irregularidades en la administración de este contrato y confirmó, teniendo como fuente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que no era efectivo que DAP nunca había enfrentado un accidente, tal como afirmó en su declaración jurada de accidentabilidad.

“Lo que se ha logrado verificar es que DAP, escudándose en distintas razones sociales, interpretó de forma parcial y elusiva la norma de las bases de la licitación, evitando declarar accidentes relevantes. Como se detalla más adelante, DAP no declaró al menos ocho accidentes”, sentencia el oficio enviado por Tokman al Ministro Pacheco.

Las autoridades aclararon que, terminado el proceso de licitación sin adjudicación, se optó por continuar las negociaciones con el único oferente que había calificado: Ecocopter S.A. (operación autorizada de forma unánime por el directorio de Enap el 29 de julio de 2014).

“Este proceso de negociación directa concluyó satisfactoriamente con una rebaja sustancial de la tarifa inicialmente ofertada por ambas empresas. De esta manera, la oferta final de Ecocopter S.A. de US$34.5 millones fue menor en un 20% a la estimación oficial, siendo un 3% inferior a la propuesta más baja del proceso licitatorio, que corresponde a la oferta base de DAP de US$35.8 millones. El ahorro en el servicio contratado equivale a US$1.8 MM si se compara con el costo de este servicio, proyectado a ocho años la tarifa del período previo a la licitación, que tenía un estándar tecnológico y de antigüedad inferior”, puntualiza el oficio expuesto y compartido con los diputados.

Reacciones

El presidente de la Comisión, diputado Luis Rocafull (PS), estimó que se tiene que dar fe de lo que están diciendo el Ministro de Energía y el gerente general de Enap, respecto a cómo han acontecido algunos hechos que son totalmente irregulares y a los cuales ahora se suman otros aportados por la autoridad. “Estamos descubriendo otras irregularidades donde están involucrados ex funcionarios en una situación en que ya se está configurando como delito”, planteó.

Se manifestó preocupado por la falta de fiscalización de los helicópteros que presentaban servicios en esta región, donde no se controlaban las revisiones técnicas de las naves; ni había cumplimiento con ciertas rigurosidades propias de la navegación aérea, lo que ponía en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Anunció que la instancia está solicitando otras diligencias y consideró necesario invitar a otras instituciones, entre ellas, al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de analizar la arista penal del caso. “Vamos a efectuar una fiscalización rigurosa y profunda”, sentenció.

El diputado Gabriel Boric (IND) reconoció que han habido versiones diferentes respecto del proceso de licitación y sostuvo que lo que interesa es velar por el buen uso de los recursos públicos y, por sobre todo, por la seguridad de los y las trabajadores de Enap Magallanes, que tienen una tasa de accidentabilidad muy alta.

Consideró necesario aclarar la acusación de conflicto de interés no declarado por parte de la ex empresa proveedora y expresó su preocupación de que se contrate a una empresa que no tenga la experiencia en manejo de helicópteros en condiciones tan extremas como son las de Magallanes, poniendo en riesgo la seguridad de las y los trabajadores. “Vamos a preocuparnos para que se cumplan todos los requisitos de seguridad y que los trabajadores y sus familias puedan estar tranquilos de que su vida está en riesgo”, resaltó.

El diputado Juan Morano (DC) lamentó que el tiempo de la sesión no permitiera que las autoridades respondieran a todas las preguntas y adelantó que se celebrará un nuevo encuentro que les permita llegar hasta el fondo del asunto.

“Hemos recibido noticias alarmantes de cómo funciona Enap en Argentina, con equipos que funcionan sin revisiones técnicas, lo ha dicho el gerente acá”, alertó, acotando que, en vez de terminar la sesión más tranquilos, terminaron saliendo con un grado importante de preocupación por la forma en que Enap, a través de su filial Sipetrol S.A. en Argentina está operando.