El texto del Ejecutivo busca modificar el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, eliminando la prohibición de participación con derecho a voto de alumnos y funcionarios administrativos en el gobierno de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
El proyecto, en trámite en la Comisión de Educación (boletín 9481), busca asimismo asegurar el derecho de asociación de estudiantes, académicos y funcionarios, consagrando expresamente que las instituciones de educación superior no podrán contener en sus estatutos o normativa interna alguna prohibición, limitación u obstáculo en ese sentido.
Sobre el contenido de la iniciativa, el presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rector de la Universidad Bernardo O'Higgins, Claudio Ruff, destacó el respeto al principio de autonomía universitaria y planteó que entienden este proyecto como “el levantamiento de una prohibición existente, pero que la decisión que se adopte dependerá de cada institución”.
Añadió que para la corporación que representa, “la participación es deseable y necesaria para cualquier institución de Educación Superior” pero que es necesario distinguir claramente “entre participación y cogobierno”, donde la primera contribuye a las decisiones, “pero dichas decisiones deben ser adoptadas por la organización según el sistema de gobierno, atendiendo a su calidad jurídica y proyecto institucional, ambos asociados a la autonomía”.
Para el presidente de la instancia legislativa, diputado Mario Venegas (DC), es destacable que estas instituciones privadas no se opongan al proyecto sino que propongan ciertas precisiones.
“Están por una participación que esté regulada, que democratice el sistema, que permita que la comunidad pueda tener participación en el control del uso de los recursos que son públicos y de las familias; pero hacen hincapié que esto no lesione la autonomía”.
El legislador añadió que a estas instituciones también les interesa que no se confunda participación con cogobierno, teniendo en cuenta la experiencia comparada que no muestra buenos resultados en esa línea.
El diputado Venegas informó que espera que en la sesión de este martes se pueda votar esta iniciativa.
Intervención a estudiantes
Ante la Comisión de Educación también expuso el vocero de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada (OFESUP), Manuel Inostroza, quien expuso la intervención que muchas veces sufren las federaciones y centros de alumnos de parte de los directivos de los planteles, a través por ejemplo, de la creación de entidades paralelas o la negación de financiamiento a las actividades estudiantiles
Inostroza planteó que valoran este proyecto y que esperan sea legislado en positivo, profundizando el diagnóstico y/o situación democrática de las Universidades Privadas y entregando facultades al Ministerio de Educación para que fiscalice las irregularidades que prohíben y/o dificultan la organización de los estamentos que componen la Universidad.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, respondió que existe el compromiso, en el marco de la reforma a la educación universitaria, de enviar un proyecto más amplio sobre la regulación del sistema universitario, donde una de las áreas que abordará será el establecimiento de una superintendencia que realice dicha fiscalización.
En forma adicional, el proyecto también autoriza a dictar nuevos estatutos a las universidades de Santiago y de Valparaíso, lo cual responde a un anhelo de las comunidades académicas de dichos planteles universitarios.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS