Director Nacional del Servicio Civil informó a la parlamentaria que -al menos- 369 Cargos Directivos fueron despedidos desde que asumió el gobierno de Bachelet.
La diputada Marisol Turres (UDI) denunció lo que denominó como “una traición al objeto con el que fue creada la Alta Dirección Pública”, luego de que se confirmara que al menos 369 de los cargos que fueron seleccionados por esta vía, han sido desvinculados para ser llenados por personas de confianza del Gobierno de turno, bajo la figura de jefes “transitorios y provisorios”.
“Desde el Gobierno criticaron al Contralor Mendoza, cuando se hizo pública su exposición en un Aula Universitaria, donde señaló respecto del Sistema de Alta Dirección Pública que 'todo es mentira, porque no entran los mejores, el sistema funciona a trastabillones y no da estabilidad a las personas'. Lamentablemente, los hechos le dan la razón” indicó Turres.
“Usando el mecanismo de la Ley de Transparencia, solicité a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que preside Rodrigo Egaña, que informe respecto de las desvinculaciones de profesionales que ganaron un cargo directivo por un concurso público. La respuesta recibida señala que -al menos- 369 profesionales seleccionados en el país por este sistema, han sido despedidos. En su gran mayoría, fueron indemnizados pagando más de 2.000 millones de pesos”, detalló la legisladora.
"Uso la expresión "al menos", pues según la información entregada por el Consejo de Alta Dirección Publica, la abogada Patricia Sanzana seguiría siendo la Directora Regional de la Superintendencia de Educación, pero en la región sabemos que fue despedida hace meses y reemplazada por el ex diputado de la DC por Puerto Varas, Víctor Reyes. Es decir, es muy probable que los despedidos sean más y los servicios no han informado al Consejo de Alta Dirección Pública", agregó la parlamentaria.
“Y por eso, duele constatar que este sistema, que pretendía ser una de las reformas más relevantes del proceso chileno de modernización del Estado, ha vuelto a ser un mecanismo para pagar favores políticos. Con esto se rompe el espíritu del acuerdo político Lagos-Longueira, pero sobre todo, se traiciona el objetivo que tuvo la creación de la ADP”, sostuvo la diputada Turres.
“Y para llenar esos cargos, el gobierno instala a personas de su confianza política, bajo la calidad de “transitorio y provisional” mientras se realiza un concurso, pero lo cierto es que muy pocos de esos cargos directivos hoy están en este tipo de proceso. De hecho, en la región, de 20 despedidos sólo se están concursando seis cargos. Muchas veces, a esa instancia postula ese mismo personero ya instalado en el cargo, y salvo alguna circunstancia muy excepcional, esta persona se quedará en el cargo, porque es el Poder Ejecutivo el que designa al ganador del concurso público”, explicó la parlamentaria.
“En un país con necesidades mucho más urgentes, en una región con carencias en conectividad y obras de infraestructura, se pueden invertir mucho mejor los recursos públicos, y no gastar en pagar indemnizaciones a profesionales capaces, sólo para dar espacio a los amigos del Gobierno de turno", añadió la diputada UDI.
"Ganar una elección no puede ser sinónimo de ganar un botín para compartir con los amigos. Por eso reitero, lamentablemente el Contralor Ramiro Mendoza tiene razón: el Sistema de Alta Dirección Pública se ha ido transformando en una mentira”, finalizó.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS