CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Contrapuestas visiones manifestaron esta semana ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del proyecto (boletín 7543) que reforma el Código de Aguas, las asociaciones de canalistas y el Ejecutivo, particularmente por la poca receptividad de los primeros a modificar el actual cuadro legal, el cual encuentran adecuado y suficiente para resolver las actuales problemáticas.

Vicente Tiska Vivanco, asesor y director de la Junta de Vigilancia del río Illapel, valoró el interés manifestado en el proyecto por priorizar el tema de la subsistencia, estimando que el agua es un recurso escaso que hay que cuidarlo, pero resaltó que el tema pasa no sólo por promover cambios legales para garantizar el consumo humano, sino también por procurar eficiencia en su uso.

Recordó que el 90% de la infraestructura destinada a administrar el recurso hídrico fue levantada por las organizaciones y, en este plano, echó de menos en la propuesta legal medidas tendientes a fortalecerlas.

Sostuvo que "se trata de un proyecto de ley con buenas intenciones, pero con herramientas de dudosa constitucionalidad y de difícil aplicación" y planteó que se requerirán muchas modificaciones para que la Junta de Vigilancia del Río Illapel señale que está de acuerdo con el cambio legal, poniendo como ejemplo el tema de las caducidades propuestas en la iniciativa, las que llamó a detallar en su ámbito técnico.

Fernando Peralta, presidente de la Confederación Nacional de Canalistas de Chile, consideró que el proyecto presenta un problema de diagnóstico y no se condice con la realidad, ya que se quiere presentar una pugna que no existe entre regantes y el uso del agua para consumo humano. Aseguró que ambos sistemas no se contraponen el uno al otro y también apeló a desarrollar una mayor cuota de eficiencia en el empleo del recurso hídrico.

Sostuvo que las problemáticas que se presentan hoy son subsanables con las actuales normas del Código de Agua, las cuales consideró no han sido usadas en todo rigor. Además, recalcó la importancia de considerar los derechos de aprovechamiento como un derecho real. "Nuestro sistema, en el cual nos hemos organizado, se basa en este concepto, sin este concepto nos quedamos como un edificio sin pilar, las organizaciones se quedan sin razón de existir porque las distribuciones se realizan sobre la base de estos derechos de aprovechamiento", agregó.

Llamó derechamente a no eliminar el artículo 5 transitorio, el cual permite determinar e inscribir los derechos de aprovechamiento provenientes de predios expropiados total o parcialmente o adquiridos a cualquier título por aplicación de las leyes 15.020 y 16.640 (reforma agraria) y define los procedimientos a seguir ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y ante el Conservador de Bienes Raíces. "Eliminarlo y no reemplazarlo por otra norma implica dejar al sector reformado sin posibilidad de tener sus derechos", especificó.

Javier Crasemann, director de la Confederación Nacional de Canalistas de Chile, recordó que la esencia del Código de Aguas es la resolución de conflictos y consideró que los actuales problemas no se resuelven con una ley, sino con mejor gestión y administración.

Afirmó que siempre se ha priorizado el consumo y evaluó que definir en la ley una priorización, sin exigir eficiencia, sería regalar algo sin un costo, lo que consideró preocupante, por cuanto, en otras palabras, se efectuaría un subsidio cruzado de los pequeños agricultores hacia el abastecimiento humano. Como ejemplo, indicó que el Gran Valparaíso pierde en su red de distribución entre un 30% y un 40% del recurso que se capta del río, no a costa de los derechos de la empresa sanitaria, sino de los derechos de los agricultores de la cuenca.

Javier Carvallo, juez de Aguas del Río Maipo enfatizó que el Código de Aguas es una herramienta de trabajo esencial en su actividad y sostuvo que, hasta ahora, ha servido para enfrentar las distintas situaciones, pese a haberse más el duplicado el consumo humano. "La ley es capaz de resolver casi el 100% de los temas, así que discrepo con el proyecto de ley", puntualizó.

Coincidió en la necesidad de definir prioridades de uso, pero consideró que hoy la autoridad tiene facultades para garantizar esta materia, pudiendo intervenir el río, definir el estado de escasez y dar prioridad al consumo humano. "Hay cosas que podrían cambiarse o modificarse, pero el marco general, por favor, no lo cambiemos porque estamos andando", apeló.

DGA

Defendiendo la posición del Ejecutivo, Carlos Estévez, titular (TP) de la Dirección General de Aguas (DGA), recordó, en primer lugar, que el proyecto fue iniciado en una moción parlamentaria, la cual fue aprobada en general por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados y respecto de la cual el Gobierno presentó una indicación sustitutiva que mantuvo el principio de fijar una priorización en el uso del agua.

Dijo que, efectivamente, la propuesta contempla dos puentes de caducidad de los derechos de aprovechamiento, pero recordó que dichas normas están vinculadas a quienes no han efectuado las obras respectivas, es decir, a quienes no hicieron su pozo o los canales, por ejemplo, y descartó que lleguen a afectar a las asociaciones de canalistas, ya éstas han hecho, hace muchos años, los trabajos respectivos.

"Voy a parir de la premisa que las organizaciones existen sobre derechos de agua ya otorgados; no son hipotéticas, no van a existir en el futuro, existen y no veo en el articulado una disposición que diga que van a dejar de existir, ni esos derechos ni esas organizaciones", enfatizó.

Despejando otra duda de los canalistas, aclaró que el proceso de regularización de derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley, ante el conservador de bienes raíces, finalizará transcurridos un año después de publicada la normativa. Además, dijo que se debe tener presente el trámite legislativo del proyecto, el cual podría demorar otros seis meses más.

"Efectivamente, la pregunta que uno se puede hacer es: ¿podrán o no alcanzar a presentar solicitudes? No es culminarla, es presentar en un año y medio a contar de hoy o no y ¿podrán las asociaciones de canalistas y la confederación de canalistas de Chile, ayudar en un año y medio, para que sus afiliados puedan presentar esto o no?", cuestionó.

Carlos Estévez destacó también que la iniciativa no cuestiona la distribución de agua que efectúan las asociaciones de canalistas y enfatizó que se hace especial mención en la indicación sustitutiva a que, en aquellas cuencas donde no exista una junta de vigilancia, podrá la administración actuar.

Respecto de las actuales facultades entregadas por el Código de Agua, resaltó que no han resultado ser operativas y recordó que, por ejemplo, el artículo 62 no le ha permitido actuar a la autoridad en materia de aguas subterráneas, porque sólo puede ser apelado en tanto un tercero que se sienta afectado por la distribución de otros así lo manifieste. Resaltó que la propuesta incluye una norma que permitirá a la DGA actuar de oficio, particularmente pensando en la sustentabilidad del acuífero, que es el interés público que prima en la indicación sustitutiva.

Finalmente, Estévez informó que la agenda incluye otras iniciativas legales: presentar una indicación sustitutiva a una iniciativa, actualmente en trámite en el Senado, que aborda el tema de la atribuciones de los fiscalizadores y la aplicación de multas y sanciones; una ley de glaciares (no se ha adoptado la decisión de avanzar a través de una indicación sustitutiva o de un proyecto nuevo); la presentación de un proyecto sobre gestión integrada de recursos hídricos; y una reforma a la institucionalidad. Además, dijo que se contempla para el próximo año el presupuesto más alto destinado a inversiones. "Pensar que el ejecutivo no se preocupa del tema de las inversiones, está lejos de la realidad", puntualizó.