El legislador sostiene que los plazos y el procedimiento establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones dificulta que los vecinos afectados puedan ejercer su derecho a oposición.
La moción del diputado de la UDI, reconoce que uno de los puntos más criticados de la ley 20.599, que regula la instalación de antenas, tiene que ver con la notificación y el procedimiento de oposición que los vecinos afectados por la instalación de soportes de antenas hacen respecto de las solicitudes presentadas por los concesionarios y las empresas inmobiliarias gestoras de su instalación.
El parlamentario critica que muchas veces los afectados sólo toman conocimiento una vez que éstas comienzan a construirse, con lo cual la oposición resulta extemporánea y no se cumple el espíritu de la norma, ya que se dificulta el correcto ejercicio de los derechos que la misma ley contempla.
En cuanto a los plazos, la Ley General de Urbanismo señala que la notificación a los vecinos será mediante carta certificada, enviada treinta días antes de la presentación de la solicitud.
Pero, a juicio del legislador, este plazo es insuficiente, debido a que durante ese periodo los vecinos que se encuentran dentro del radio establecido por la norma, deben organizarse, solicitar un informe de la junta de vecinos respectiva, estudiar el proyecto, elaborar sus oposiciones por escrito y probablemente, contratar a algún profesional que los asesore en esta materia.
Posteriormente, si los vecinos hubiesen ejercido este derecho, el Concejo Municipal sólo tendrá 20 días corridos para pronunciarse respecto de la oposición de los vecinos, operando el silencio administrativo en el caso que no se pronuncie.
El proyecto (boletín 9641), derivado para su estudio a la Comisión de Obras Públicas, plantea en su reemplazo, aumentar el plazo a 60 días para la notificación y subir de 20 a 40 días el plazo para el pronunciamiento del Concejo Municipal.
Además, que en la notificación, la carta certificada sea dirigida al propietario del inmueble, de acuerdo al registro vigente del Conservador de Bienes Raíces y no al propietario registrado en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del impuesto territorial.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS