El proyecto, presentado por un grupo transversal de diputados, obliga a las empresas a cargo de la venta y comercialización de bienes raíces a comprometer una fecha exacta de entrega de la propiedad a sus compradores, la cual deberá ser expuesta en la promesa de venta suscrita entre ambas partes. De extenderse este plazo, las inmobiliarias deberán pagar una multa de 0.030% del valor de la propiedad en UF por día de atraso.
Avanzando en la defensa de los derechos de los consumidores, un grupo transversal de diputados, encabezados por Gustavo Hasbún (UDI), presentó un proyecto (boletín 9648) que modifica la Ley 19.496, en materia de plazo de entrega de viviendas, para proteger a los compradores que celebran promesas de compraventa con inmobiliarias.
La moción, derivada a la Comisión de Economía para su estudio, fue ingresada el pasado jueves 9 de octubre por el diputado Hasbún junto a sus compañeros de bancada Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Jaime Bellolio, David Sandoval y Enrique Van Rysselberghe y a los diputados DC Fuad Chahin, Sergio Espejo y Jaime Pilowsky; y RN René Manuel García y Marcela Sabat.
Los legisladores dan cuenta de cómo en nuestro país es cada vez más frecuente observar las ventas de inmuebles en “verde” y “blanco”, que se presentan como una opción para miles de chilenos de acceder a un mejor precio de parte de las inmobiliarias y/o constructoras.
Explicaron que, en el caso de una compra en “blanco”, se les suele ofrecer a los compradores el plano de la propiedad en cuestión y, en algunos casos, una simulación digital del mismo, junto a fotografías computarizadas y otros elementos complementarios; en tanto que en la compra en “verde”, el comprador ve cierto nivel de obra gruesa y, eventualmente, la muestra de la propiedad a través del departamento "piloto".
"En la mayoría de las promesas de venta, las inmobiliarias dejan en claro una fecha de entrega, pero, de no cumplirse ésta, no existe una ley que sancione este atraso, no obstante existen algunas empresas que voluntariamente y, en acuerdo con el comprador, se comprometen con multas o sanciones", evaluaron.
Los autores observaron que, para muchas personas, este atraso puede arrojar graves perjuicios económicos y sociales, particularmente cuando los afectados se encuentran en situación de arriendo.
"A través de este complemento de la Ley se busca proteger a los compradores de futuros atrasos e incumplimientos de parte de las inmobiliarias, durante la promesa de venta. Creemos que esta sanción será finalmente un incentivo para que éstas entreguen una fecha concreta y más exacta respecto al traspaso de los proyectos inmobiliarios, así como una protección para los compradores y sus familias", enfatizaron.
Específicamente, la propuesta legal obliga a las empresas a cargo de la venta y comercialización de bienes raíces a comprometer una fecha exacta de entrega de la propiedad a sus compradores, la cual deberá ser expuesta en la promesa de venta suscrita entre ambas partes. De extenderse este plazo, las inmobiliarias o constructoras deberán pagar una multa de 0.030% del valor de la propiedad en UF por día de atraso.
Según ejemplificaron los diputados, una propiedad de 2000 UF considerará una multa de 0,6 UF por cada día de retraso. Así, 30 días de atraso implicarán una multa para la inmobiliaria de 18 UF.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS