Parlamentarios destacaron el aumento de la propuesta inicial y los bonos que se incorporan para mejorar a los funcionarios de la administración pública, pero criticaron que no se elevara el monto del reajuste por sobre el IPC estimado.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reajuste de un 6%, que fue acordada por la mesa negociadora entre el Gobierno y los representantes de los gremios del sector público, coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores, pero que no contó con el respaldo de organizaciones como la ANEF.
Para los diputados de la bancada PC-IC, el reajuste es uno de los más significativos que permitirá en el mediano plazo una mejora continua de la situación laboral del sector público, sin perjuicio de ir mejorando los desafíos aún existentes en este sector de trabajadores.
Los legisladores destacaron el monto de 6% de reajuste y la serie de bonificaciones que apuntan a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, a modo de garantizar el trabajo decente en el Estado.
La Bancada Socialista, por su parte, apoyó el acuerdo alcanzado con los gremios del sector público y, en particular, las mejoras para los trabajadores incluidas en el protocolo alcanzado, como el plan de traspasos a contrata de 8.800 trabajadores que hoy tienen contratos a honorarios, la incorporación de incentivos al retiro, el descongelamiento de la Renta Mínima Total Docente y asignaciones de condiciones difíciles para los Asistentes de la Educación.
Al respecto el jefe de la bancada PS, Marcelo Schilling, dijo que el aumento del 6% es razonable considerando la situación económica que atraviesa el país. “Este acuerdo es digno de apoyarse por una consideración estratégica pues el gobierno se compromete a instalar un procedimiento institucional para consagrar el derecho a la negociación colectiva del sector público y esto es más importante que cualquier guarismo”, sostuvo.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara , Alejandro Santana, sostuvo que se aprobó un reajuste "mediocre", pero que "se ajusta a lo que Chile está viviendo, con problemas de crecimiento e inflación”.
Argumentó que el proyecto se aprobó porque “no había otra opción” y agregó que “la oposición ha sido responsable. No hemos caído en la demagogia ni en el populismo, sino que hemos sido parte al entender que hoy día las condiciones de este país son malas en materia económica y por lo tanto, siendo un reajuste mediocre, es lo que el Gobierno puede hacer y no puede hacer más. Eso uno lo lamenta, porque obviamente habían expectativas que eran superiores”.
En tanto, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Hacienda, Pepe Auth, afirmó que este reajuste permitirá que los salarios crezcan "bastante más que el crecimiento del país y que la inflación esperada para 2015, y también porque mejora en un 19% el ingreso mínimo de los funcionarios públicos, descongela el Salario Mínimo Docente y establece importantes beneficios para los asistentes de la educación y otros sectores desfavorecidos".
El parlamentario destacó que, "así como aplicamos un criterio de discriminación positiva para los salarios más bajos, debiéramos aplicar el mismo criterio a la inversa a los salarios máximos", en alusión a la propuesta de no incluir en el reajuste a los funcionarios como ministros y parlamentarios.
"Si los parlamentarios tenemos atribuciones para congelar o reducir el reajuste de todos los trabajadores públicos, cómo no vamos a poder congelar el reajuste del grupo de personas de más altos salarios".
Finalmente, el diputado radical Marcos Espinosa, se mostró conforme con lo acordado, principalmente con los beneficios anexos comprometidos por el gobierno en el protocolo de acuerdo firmado con distintas mesas del sector.
El parlamentario recalcó los compromisos de la Presidenta Bachelet para satisfacer las necesidades y demandas de los trabajadores del sector público.
“Dentro de los compromisos de gobierno se considera, un plan de traspaso de funcionarios a honorarios a contrata, en el período 2015-2018. Serían cerca de 8 mil 800 trabajadores identificados, que desempeñan funciones permanentes en jornada completa y tienen más de un año de antigüedad", indicó el diputado Espinosa.
Rechazo a Reajuste
El diputado Tucapel Jiménez (PPD), presidente de la Comisión de Trabajo, explicó su voto en contra del reajuste salarial del sector público, señalando que si bien "valoro el esfuerzo del gobierno que subió del 3% al 6% su propuesta, sin embargo, si el IPC es de un 5,7%, creo que es insuficiente que el gobierno esté ofreciendo un aumento real de sólo un 0,3%".
"Lo anterior, significa que el salario de un trabajador de la administración pública que gana 400 mil pesos, aumentaría en 1.200 pesos reales. Es por esta razón, que junto a otros parlamentarios creemos que una buena cifra de reajuste era 6,5%, ya que permitiría a los trabajadores aumentar su poder adquisitivo, se convertiría en una señal para el sector privado y sería clave para la reactivación de la economía.
El parlamentario afirmó que "espero que a futuro, a través de la negociación colectiva, sean los propios trabajadores los que negocien sus condiciones y sus salarios, no nosotros en el Parlamento".
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS