CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión de Constitución, que se encuentra abocada al debate del proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (boletín 7873), continuó recabando opiniones respecto de esta iniciativa, en segundo trámite constitucional.

En esta oportunidad concurrieron representantes de las organizaciones Súmate Somos Más; Imagen y Fundación Grez, agrupadas en CONFIA, Coordinadora Nacional por la Familia e Infancia Amparada; además de la organización “Investigación, Formación y Estudios de la Mujer” (ISFEM).

Las entidades coincidieron en criticar que el Congreso Nacional se aboque a regular el Acuerdo de Vida en Pareja, porque consideran que es solo un paso para el establecimiento del Matrimonio Igualitario y que esta iniciativa solo beneficia a un porcentaje minoritario de personas y no responde a los intereses de la gran mayoría de la población.

Al respecto, Ismini Anastassiou, presidenta de ISFEM, criticó la presión ejercida por el “lobby gay” para “naturalizar o sensibilizar respecto de ciertas conductas que no eran anormales hasta hace un tiempo” y que el proyecto responde a una ideología de género que solo busca favorecer a un grupo minoritario de la población.

Asimismo, sostuvo que según datos de aquellos países en que se han aprobado legislaciones similares, esta iniciativa podría generar un aumento de la violencia intrafamiliar y respalda estas afirmaciones argumentando que en Chile la mayoría de los casos son cometidos por convivientes.

Por su parte, Claudio Fuentes, representante de CONFIA, Coordinadora Nacional por la Familia e Infancia Amparada, de la cual formaban parte las organizaciones presentes: Súmate Somos Más; Imagen y Fundación Grez, sostuvo que cuestionan “la falta de transparencia, porque aquí hay una serie de artículos que la población no ha leído y que no son informados y que tienen que ver con que aquí estamos legislando una unión civil que va a ser muy similar al matrimonio, con prácticamente todos los derechos pero sin los deberes”.

Fuentes añadió que “se abren plenamente las puertas para una adopción homoparental, sin siquiera discutirlo a la luz pública, sin siquiera transparentarlo en los medios”.

Agregó que en esta materia “nadie ha hablado de los niños y nosotros estamos para representar esa voz que nadie ha representado, para mostrar estudios que nadie ha presentado, y que tiene que ver con qué es lo mejor para los niños, y lo mejor para los niños es tener papá y mamá”, enfatizó.

Las entidades enfatizaron que esta legislación generará grave perjuicio en la estabilidad de los menores que estén involucrados y rechazaron que esta norma abra las puertas a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Reacciones Parlamentarias

El integrante de la Comisión de Constitución, diputado Arturo Squella (UDI), planteó que estas organizaciones “nos dieron un enfoque distinto sobre el interés superior del niño y cómo podría afectar a los menores. Algunos nos hablaban que los vamos a exponer a una situación de inestabilidad total, y a esta altura ya estamos sumamente claros que el AVP es per se, una unión inestable”.

El diputado Squella añadió que señalaron, en relación a la adopción homoparental, que en todos los países donde han existido legislaciones de uniones civiles, se ha pasado a un matrimonio homosexual y eso de acuerdo a la legislación actual que establece la ley de adopción, implicaría darles la facultad a parejas del mismo sexo a adoptar niños y exponían sus preocupaciones al respecto.

Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) afirmó tras las exposiciones, que estas organizaciones consideran que el AVP es una legislación para una “minoría minoritaria y que están enfermos y buscan perjudicar a la familia y a los niños y niñas”.

El legislador manifestó su preocupación porque “tengan la tribuna que les estamos dando, pero sin duda hay que escucharlos”.

El diputado Gutiérrez sostuvo que estas entidades “plantean una figura añeja que considera a los homosexuales y lesbianas como personas enfermas”. Dijo asimismo, que solo “les faltó agregar el término de pervertidos y desviados; y eso es no reconocer la dignidad de un ser humano. Están a un paso de un fanatismo religioso que es inexplicable y no ven la dignidad en otros seres humanos”.

En la misma línea, el diputado Leonardo Soto (PS) indicó que le cuesta entender el planteamiento de no legislar el AVP, considerando que en el país existen 2 millones 800 mil personas que viven en convivencia efectiva; y que critiquen que se legisle a favor de una minoría.

“La verdad es que todos los días nosotros legislamos a favor de minorías, estas son precisamente las que más requieren cuidado, atención y amparo. Un segundo argumento es que el AVP tendría un germen de inestabilidad que sería complicado en relación a los niños que estarían bajo esta relación de convivencia de sus padres. A la luz del derecho actual, donde el matrimonio también tiene una disolución unilateral, no existe mucha diferenciación”, puntualizó el diputado Soto.

El parlamentario añadió que la labor legislativa “es buscar la manera en que todas las relaciones humanas estén al amparo del derecho y la legislación”, y que es parte del debate tener miradas distintas, y que en esta sesión, sin duda, se enfrentaron “a posiciones bastante extremas”.