CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con el fin de entregar un detallado informe a la Sala, el próximo lunes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados inició hoy, junto al Ministro Nicolás Eyzaguirre y al secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, el análisis de las modificaciones introducidas por el Senado, en el segundo trámite legislativo, al proyecto (boletín 9366) que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

El presidente de la Comisión, diputado Mario Venegas (DC), explicó que, conforme al artículo 120 del reglamento de la Cámara, la Comisión puede revisar los cambios y, si se estima pertinente hacer una proposición a la Sala en orden a aprobar o rechazar un conjunto de modificaciones o algunas en particular, se evacúa un informe que sería rendido el próximo lunes, antes de la votación.

El parlamentario reconoció que la iniciativa “sufrió modificaciones muy importantes". "Algunas que yo comparto claramente, en orden a perfeccionar el proyecto en el tema de la gradualidad; el tiempo que comenzará a regir cada una de las modificaciones, especialmente, en el tema del copago; del tiempo para transformarse en corporaciones sin fines de lucro y la mantención de los arriendos con relacionados con fines de lucro”, aclaró.

Indicó que, haciendo una evaluación muy personal, "el trabajo de los senadores perfeccionó y mejoró el proyecto" y consideró que, si bien en algunas cuestiones puede haber algunas discusiones, finalmente no fueron tantas las diferencias y tan sustantivas como para que la Cámara no tengamos la disposición de aprobar las modificaciones.

Sostuvo que, durante la discusión del proyecto en la Cámara, los diputados hicieron lo que tenían que hacer y "era generar las condiciones para que los señores senadores no se pusieran tan creativos y transformaran muy sustantivamente el proyecto y eso se logró". "Hay una adecuada correlación entre lo que (ellos) hicieron y lo que nosotros hicimos. Las modificaciones mejoraron el proyecto, hay algunas cosas que se perdieron, pero es un porcentaje mínimo, pero ese es el precio que hay que pagar para generar consenso y acuerdo”, acotó.

Ante la preocupación que ha surgido por la ausencia de algunos diputados de la Nueva Mayoría en la votación del lunes, Venegas aclaró que “ese tema no lo podemos manejar nosotros, tiene que ver con los quórum, pero es una materia de la cual debe preocuparse la mesa directiva de la Cámara”.

Finalmente indicó que el análisis continuará mañana, viernes 23, a patrir de las 11:00 hrs., en la sede del Parlamento en Santiago, con el detalle de las modificaciones y la eventual votación para recomendar aprobar o rechazarlas.

Ejecutivo

El Ministro Nicolás Eyzaguirre explicó punto por punto cada uno de los cambios efectuados por el Senado (aprobados sólo hace algunas horas atrás) y reconoció que las diferencias respecto del texto despachado por la Cámara de Diputados se presentan tanto en la forma como en el fondo.

Respecto de lo referente a la Ley General de Educación (art. 1°), se introduce una mirada más amplia del principio de sustentabilidad (inculcar el respeto por el medioambiente); se aclara que la expresión de educación laica debe respetar todas las manifestaciones religiosas; y se incluye un principio de responsabilidad para padres o apoderados.

En materia de integración e inclusión, se pasa a una norma general, prohibiendo las discriminaciones arbitrarias. Además, se agregan dos nuevos principios: dignidad del ser humano y educación integral.

El texto modificado por el Senado indica el deber del Estado de promover que se generen condiciones necesarias para el acceso y permanencia de menores con necesidades especiales en establecimientos regulares o especiales, según el interés superior del niño.

Un tema que reconoció el Ministro de Estado podría ser de mayor debate se relaciona con el tema de la selección. Eyzaguirre explicó que fue eliminada la norma propuesta por los diputados que impedía a los colegios particulares pagados a realizar pruebas de admisión. Sin embargo, resaltó que el texto legal define que en el sector subvencionado esto no regirá, salvo los que estén debidos autorizados, como los establecimientos que se basan en una especialización temprana (arte o deporte, por ejemplo).

Asimismo, dijo que se determinó una nueva redacción en lo relativo a la aplicación de la Ley Zamudio (discriminación arbitraria) y precisó que los colegios particulares pagados podrán distinguirse como religiosos, solo para hombres o solo para mujeres.

En materia de lucro, se eleva la prohibición a la LGE; y además se modifican las inhabilidades para ser representante legal o administrador, estableciendo que solo regirá en caso de haber sido condenado en más de una ocasión en los últimos cinco años.

Subvenciones

Otro marco de modificaciones se focalizó en el artículo segundo, donde se regula el tema de las subvenciones, procesos de admisión y de expulsión de alumnos.

Entre varios cambios, según relató el Ministro Eyzaguirre, se fija que las asistencias técnicas educativas (ATE) deberán ser definidas vía licitación o concurso público. Se establece el plazo de tres años para que éstas cambien a entidades sin fines de lucro (SFL), plano en el cual el Gobierno debe enviar un proyecto de ley que las regule.

Se mantiene el grado de consanguineidad y afinidad en materia de personas relacionadas, pero se aumenta de 5 a 10% la propiedad en personas jurídicas que podrían considerarse relacionadas con el sostenedor. También se permite el trabajo de red de los sostenedores; se mejora la rendición de cuentas, a través de un ordenamiento en los deberes de información de los sostenedores, que debe pasar a ser realizado con datos desagregados en materia de remuneraciones de los administradores o directores de la entidad sostenedora.

Además, se innovó en materia de sanciones para los sostenedores que hacen mal uso de los recursos de la Subvención y se dispuso la creación una oficina del Mineduc, a nivel nacional, para asesorar en la materia a los particulares.

En cuanto a requisitos para impetrar la subvención, el Ejecutivo destacó que se incluyó a las personas jurídicas sin fines de lucro consagradas por ley, de modo de resolver el foco de tensión con las asociaciones indígenas, que quedaban fuera del sistema con la anterior redacción. En la misma vía, se estableció que, si en virtud de una ley, un territorio donde funciona un establecimiento educacional está impedido de cumplir con el requisito de propiedad o comodato (por ejemplo, escuelas en las cárceles o tierras indígenas), quedan exceptuadas de la obligación; y por último se reducen los plazos del comodato de 20 a ocho años, con renovación anunciada con anticipación de cuatro años.

Se avanza en distinguir las vías por las cuales un alumno puede ser expulsado de un establecimiento educacional (que deben estar ratificadas y especificadas en un reglamento); se permite los aportes voluntarios no regulares de los padres y apoderados para financiar actividades extracurriculares (se suma a la opción de donaciones); y se obliga a asegurar la existencia y funcionamiento regular del Consejo Escolar.

Admisión

El texto despachado por el Senado también aborda cambios en los procedimientos de admisión. Mantiene la prohibición general para entrevistas, pero abre la opción a que los padres soliciten un encuentro que deberá tener sólo un cariz informativo. Además, se indica que frente a un exceso de demanda, se podrá proceder a selecciones aleatorias conforme a mecanismos definidos por el Mineduc.

En el caso de los colegios emblemáticos o especiales, se determinaron las siguientes excepciones: por exceso de demanda; porque tienen un proyecto educativo que implica una especialización temprana; o porque tienen un proyecto educativo de alguna exigencia académica elevada. En este último caso se deben cumplir requisitos especiales (trayectoria de excelencia, comprobar medios para cumplir con la excelencia, etc.) y se fija un horizonte progresivo para ir adaptándose a las nuevas condiciones (en el primer año, un 85% podrá ser afecto a prueba; en el segundo, un 70%; en el tercero, un 50%; en el cuarto, un 30%; al quinto, entrada en régimen).

El Ministro recalcó que se fijó una transición escalonada para implementar el sistema de admisión. En el proceso de admisión del año 2017, sólo se implementará en una región con menos de 300 mil habitantes y para el nivel de entrada. En 2018, se agregan cuatro regiones de menos de un millón de habitantes para el menor nivel y se extiende para todos los niveles de la primera región afectada. En 2019, se incorporan los primeros niveles de todas las regiones del país faltantes y las cuatros regiones ingresadas al sistema en el segundo año agregan los otros niveles. En 2020 se cumpliría con la implementación total.

Finalmente, otros dos puntos relevantes a mencionar son la participación del Estado como respaldo a los créditos de la banca de los sostenedores que se sumen al nuevo sistema y que deban adquirir la propiedad; y la creación de un Fondo de Recuperación y Fortalecimiento de la Educación Pública, que operará por cuatro años y que contará con $250 mil millones.