La iniciativa modifica el artículo 18 de la Carta Fundamental para consagrar la autonomía del Servel, respecto de los poderes del Estado y gobiernos.
El proyecto fue presentado por los diputados DC Marcelo Chávez; Iván Flores; Pablo Lorenzini; Juan Enrique Morano; Jaime Pilowsky; Yasna Provoste; Ricardo Rincón; Víctor Torres; Patricio Vallespín y Matías Walker (boletín 9840), remitido a la Comisión de Constitución.
Los parlamentarios explican que la función electoral en el desarrollo de las democracias modernas es un requisito principal e ineludible para el efectivo funcionamiento del sistema político, garantizando la certeza de los mecanismos de representación y legitimando los procesos y los resultados referidos a la elección.
Por este motivo resulta fundamental disponer de una institucionalidad electoral que funcione con cierta autonomía de los intereses políticos, y que administre de manera responsable la gestión del proceso electoral, garantizando así la realización de elecciones libres, justas y competitivas. Agregan que la función electoral se desarrolla a través de un complejo institucional que actúa como un servicio público permanente y de carácter nacional, por lo general con autonomía respecto del Poder Judicial e independencia respecto de las otras ramas del poder del Estado.
En América Latina, la creación y establecimiento de los organismos electorales se ha vinculado al desarrollo de elecciones limpias y justas, reivindicación que en la década de 1920 se plasmó en la institucionalización de organismos electorales independientes, centralizados y especializados para prevenir el fraude electoral.
Además los legisladores consideran que además de la regulación del financiamiento a los partidos y las campañas, se debe reforzar y generar una estructura nueva en el Servicio Electoral teniendo presente los cuestionamientos producidos por las supuestas irregularidades a campañas políticas a raíz del Caso Penta.