Las congresistas de la Nueva Mayoría explicaron que dicha situación se materializa, principalmente, a través de malos tratos verbales por parte del personal de asistencia al parto (médicos, matronas, asistentes, etc.).
Las diputadas Marcela Hernando (PRSD) y Loreto Carvajal (PPD), presentaron un proyecto de ley que consagra de manera legal el concepto de “Violencia Gineco-Obstétrica”, definida como una situación producida en contra de las mujeres que se encuentran en labores de parto, dando a luz a su o sus hijos.
La diputada Hernando explicó que la moción busca entregar derechos a “aquella mujer que no es consultada en un hospital público y que se le realiza una cesárea inconsulta cuando no es justificada desde el punto de vista de la salud o cuando se viola y se discrimina sus posibilidades de tener apego con su bebé y se le retira de su lado las primeras horas, o cuando un funcionario de la salud -cualquier calidad que este tenga- trata o maltrata a una joven extranjera en el momento en que está por tener un bebé. La idea es que todas estas cosas sean penalizadas como un delito”.
En ese sentido, la legisladora radical indicó que “por ello la moción establece, garantiza y promueve los derechos de las mujeres al momento de ser sometidas a cualquier procedimiento ginecológico, o bien cuando sean asistidas durante el trabajo de parto, el parto y el post parto, con el fin de proteger su integridad física y psíquica, y erradicar y sancionar cualquier manifestación de violencia gineco-obstétrica que alteren las condiciones adecuadas con las que debe contar cada mujer al momento de ser examinadas o de dar a luz”.
Por su parte, la diputada Carvajal, sostuvo que “queremos establecer en nuestra legislación el concepto de violencia Gineco- Obstétrica, que se traduce en malos tratos de los funcionarios que asisten a las mujeres en el parto, y en la falta de respeto a su dignidad y a sus derechos básicos durante esta importante etapa de su vida”.
“Muchas veces los establecimiento de salud, principalmente los de carácter público, no consideran la opinión y humillan a las mujeres que están en edad de procrear, que se hacen un seguimiento ginecológico, que están embarazadas o han dado a luz, principalmente en los lugares donde hay ruralidad”, aseguró.
La parlamentaria agregó que “hay casos de jóvenes de 15 o 16 años que son maltratadas verbalmente y tratadas de mala manera porque están embarazadas. Ningún funcionario puede arrogarse el derecho de reprocharles porque están embarazadas a tan temprana edad, o hacerles sufrir dolores innecesarios porque no tienen a su lado a familiares que puedan acompañarles en este difícil proceso”.
“Nos parece relevante que hoy día cuando el Congreso aprueba el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género presentemos este proyecto, ya que el respeto a la dignidad de la mujer también debe traducirse en hechos concretos”, indicó Carvajal.
La moción define disposiciones generales y conceptos como los derechos de la mujer embarazada; la asistencia al parto; concepto de Violencia Gineco-Obstétrica; actos que constituyen esta forma de violencia; derechos de la mujer no embarazada y derechos del padre, entre otros. También se definen sanciones a los funcionarios de la Salud, sean de recintos privados o públicos a través del Código Penal. A ellos, se agregan sanciones al Prestador de Salud que incumpliere total o parcialmente con lo dispuesto en la presente ley, los que serán sancionados por la autoridad sanitaria competente con multas de 10 a 50 UTM. En caso de reincidencia, se aplicarán las mismas sanciones dobladas.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS