CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Tras el receso parlamentario, la instancia parlamentaria retomó el análisis del proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia (boletín 9790), que modifica las normas sobre gasto electoral y plantea un financiamiento público a los partidos políticos.

Marcela Ríos, Oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, sostuvo que esta propuesta legal contiene importantes avances al abordar el financiamiento de los partidos políticos, aumentar los estándares de transparencia, la rebaja al límite de gasto electoral y la eliminación de los aportes reservados.

No obstante, coincidente con la opinión entregada por diversos organismos que han concurrido a la comisión, a juicio de Ríos esta materia debe ser abordada en forma conjunta con otras materias relacionadas como el fortalecimiento del SERVEL y la ley de partidos políticos.

“Es esencial una revisión a la ley de partidos para adecuar la normativa que rige a los partidos a este nuevo escenario de financiamiento público con nuevas exigencias; creo que hay que fortalecer a los partidos como instituciones que puedan cumplir con sus funciones más allá de las elecciones. Es un tema central. Lo otro es una revisión a la normativa del Servicio Electoral y qué funciones fiscalizadoras implica este nuevo escenario de financiamiento y política y que otras instituciones tienen que cumplir un rol, o si es necesario crear nuevas instituciones”.

Asimismo, en relación al aporte a los partidos políticos, Marcela Ríos señaló que es partidaria de priorizar el financiamiento permanente en lugar de aumentar los aportes a las campañas electorales, con el objetivo de reforzar la capacitación y formación de dirigentes. Por último, también indicó que es necesario incorporar en esta discusión un sistema de sanciones que incluso puedan implicar la pérdida del escaño.

Al respecto, Patricio Zapata, presidente del Centro Democracia y Comunidad, abordó la regulación comparada en esta materia, indicando que no son muchos los países que contemplan como sanción la pérdida del escaño.

Asimismo, se manifestó partidario de establecer mecanismos de elecciones complementarias en casos de vacancia, entregándole a la ciudadanía el poder de decidir quién asume el cargo.

En esa línea, ejemplificó con la legislación francesa que incluso permite al candidato que fue cuestionado volver a postular al cargo, siendo así “la ciudadanía quien decide finalmente entregarle nuevamente o no su apoyo”.

“Yo he defendido la elección complementaria, porque le entrega el poder a quien debe tenerlo que es el pueblo y, efectivamente tiene riesgos de que pueda usarse para que un grupo mejore su posición relativa, pero es un temor acotado”, señaló Zapata, quien añadió que los sistemas de revocación del mandato son coherentes con esta idea de elecciones complementarias, porque el ciudadano nunca pierde la decisión final del mandato”.

Por último, María José Poblete de Pro Acceso señaló la importancia de abordar una profundización de las normas sobre transparencia y acceso a la información pública, precisando la definición del rol de los partidos políticos como asociaciones privadas pero que cumplen una función pública y donde actualmente hay un déficit en transparencia.

Por último, Zapata señaló que la propia Constitución señala un régimen de prohibiciones e incompatibilidades y el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidades de pronunciarse al respecto sobre algunos parlamentarios; sin descartar que también pudiese ser abordada una revisión de las mismas.

En la discusión se consultó por parte de los legisladores la opinión sobre la norma que señala que los candidatos solo pueden financiar el 10% de sus campañas con sus ingreso personales. Al respecto, los invitados se manifestaron a favor de aumentar ese monto, aunque la directora de Pro Acceso recalcó que solo en la medida que exista información sobre el origen de dichos recursos.