CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Visiones muy diversas y hasta contrapuestas fueron presentadas por parte de economistas e institutos de estudios ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados respecto del proyecto (boletín 9835) que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo (CT).

La economista Andrea Repetto estimó que la iniciativa es una oportunidad para la economía chilena, para abrir nuevos espacios de diálogos en el ámbito laboral y para fomentar la productividad y el empleo, con mejores condiciones para los trabajadores. Estimó que la presente discusión podría permitir superar las limitaciones que impone el CT para negociar y fomentar acuerdos que beneficien a todas las partes.

Respecto de aspectos puntuales del proyecto, llamó a perfeccionar las normas sobre titularidad sindical, considerando las necesarias distinciones que se pueden presentar al interior de una empresa (zonas geográficas distintas, departamentos, áreas de producción, etc.), de modo que las negociaciones de unos no impliquen una fuente de delimitación de la capacidad negociadora de otros trabajadores.

Respecto del piso de la negociación, pidió reconocer que las economías son cíclicas y que las capacidades de las empresas fluctúan en el tiempo. Así, estimó relevante dejar abierta la posibilidad de reajustar los salarios reales y evitar que la gente pierda el empleo, contando para ello con informes técnicos y acuerdos definidos previamente a una negociación colectiva.

Finalmente, entre otros puntos, pidió crear agencias especializadas en la Dirección del Trabajo para enfrentar los nuevos desafíos; considerar cuotas para las mujeres al interior de las directivas de los sindicatos; y superar algunos puntos que estimó restrictivos para que las partes acuerden nuevas condiciones que permitan mejorar la productividad y las condiciones de los trabajadores.

Fundación Nodo XXI

Giorgio Boccardo, director de la Fundación Nodo XXI, presentó una visión negativa del proyecto, estimando que muchos de los aspectos considerados no sólo tienden a ser inocuos o con efectos moderados, sino incluso fortalecen algunos pilares del Código del Trabajo de 1979. "Lo más grave de todo es que la mayoría de sus propuestas lo profundizan. Es sumamente debatible que sus medidas alienten la sindicalización y sobre todo el poder de las organizaciones sindicales para decidir colectivamente sus condiciones de trabajo", enfatizó.

Dijo que ven con preocupación la mayor judicialización de la vía sindical y criticó que la propuesta no se hace cargo de las aspiraciones históricas de las organizaciones y, salvo modificaciones específicas y puntuales que pueden beneficiar a sindicatos ya existentes, "fortalece la capacidad del empresariado para imprimirle su sello a la relación entre capital y el trabajo".

"Para la Fundación Nodo XXI es una reforma por la cual los empresarios de este país deben estar tranquilos; es una reforma regresiva para las trabajadoras y los trabajadores de Chile", sentenció.

Boccardo consideró que los alcances positivos de la iniciativa son de impacto limitado (pocas posibilidades de ejercer el derecho de huelga) y refutó que el término del reemplazo en huelga que se propone se quebrante con la introducción de una norma para garantizar los servicios mínimos universales. "Permite que prácticamente todas las empresas puedan acogerse a esta medida y reemplazar trabajadores durante la huelga. Este debilitamiento relativiza la posibilidad que se mejoren efectivamente las condiciones de los trabajadores, es decir, que se fortalezca la democracia social y política del país y se torne atractiva la titularidad sindical", puntualizó.

IL&D

Desde el Instituto Libertad & Desarrollo (IL&D), la economista Cecilia Cifuentes y el abogado Sergio Morales fueron claros en señalar que se comparte la necesidad de atacar la desigualdad en el país, pero estimaron que las vías más adecuadas son a través de la educación, la inclusión laboral y la capacitación, con un rol clave de parte del Estado.

Cecilia Cifuentes dijo que estos temas no están recibiendo la prioridad necesaria, pese a considerar que son más relevantes, producto del cambio tecnológico en el mundo. Sostuvo que la capacitación debe ser la prioridad número uno y planteó que si Chile lograra tasas de participación de jóvenes y mujeres similares a la OCDE (implicaría incorporar 265 mil mujeres y 280 mil jóvenes a la fuerza laboral), el PIB podría aumentar entre un 7% y un 10%. "No se entiende, entonces, que la reforma laboral restrinja excesivamente los pactos de adaptabilidad en la pyme y desincentive los contratos de aprendizaje", acotó.

Afirmó que la reforma no es favorable en términos de eficiencia y con probables efectos negativos en equidad. "Sin duda que tiene más costos que beneficios. Debería ser rechazada", enfatizó.

Desde el ámbito legal, Sergio Morales criticó que no hay exigencia de representatividad ni de mantención de quórum en materia de titularidad sindical y refutó la eliminación del descuelgue (huelga) y del derecho a censura, considerando que con ello se termina con un mecanismo de control de los propios trabajadores y de manifestar su voluntad respecto de la mantención de la huelga.

Asimismo, entre otros puntos, presentó observaciones a la definición de un piso mínimo en las negociaciones, al nuevo rol interventor de la Dirección del Trabajo y a la eliminación del reemplazo en huelga.

Fundación Sol

Por la Fundación Sol expusieron el economista Gonzalo Durán y las antropólogas Valentina Doniez y Karina Narbona, quienes a grandes rasgos estimaron que los aspectos positivos del proyecto son aislados y se relativizan considerando la propuesta de manera integral.

Se valoró la eliminación de grupos negociadores en caso de existir un sindicato facultado para negociar (es decir, que mantenga cierto quórum); reconocer al sindicato como titular de los beneficios obtenidos en la negociación colectiva, pero junto con el empleador; reconocer al sindicato interempresa el derecho a negociar bajo el procedimiento reglado, pero sólo a nivel de empresa y al sindicato de trabajadores eventuales o transitorios, pero sin derecho a fuero y huelga; y la eliminación de la posibilidad de reemplazar a los trabajadores huelguistas, entre otros puntos.

Sin embargo, se postuló que hubo omisiones relevantes en dos grandes áreas:
1. En negociación colectiva: garantizar la negociación sobre el nivel de la empresa, por ejemplo a nivel de rama u oficio; eliminar la prohibición de negociar sobre las facultades de administración
del empleador; eliminar la multiplicidad de mecanismos de negociación: no reglada, semi-reglada y reglada, donde unos tienen derecho a fuero y huelga y otros no; mantiene las empresas exceptuadas de negociar colectivamente definidas por las autoridades de manera demasiado amplia; el derecho a la información sigue siendo deficiente; y no se pronuncia sobre la prohibición de negociar de los trabajadores del sector público.

2. En huelga: reconocer el derecho a huelga en cualquier circunstancia que lo determinen los trabajadores, por ejemplo en caso de riesgo a la salud, en solidaridad o por temas políticos, económicos y sociales; garantizar la huelga para todos los trabajadores del sector público; no se pronuncia respecto de la limitación que deben tener los “servicios esenciales” durante una huelga; y se mantiene la prohibición de hacer uso del derecho a huelga para los sindicatos de empresas de servicios estratégicos.

Finalmente, plantea retrocesos preocupantes, entre otros: disminución en la cantidad de delegados con fuero en los sindicatos interempresa y de trabajadores eventuales o transitorios; creación de nuevas prácticas antisindicales; aumento en la intervención de la Dirección del Trabajo y de los Juzgados del Trabajo en el proceso de la negociación colectiva; posibilitar la negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo con todo tipo de sindicato que cuente con una representación al menos del 30% en la empresa; definición de un piso de negociación; creación de engorrosos mecanismos de intervención de la Dirección del Trabajo a través de la mediación voluntaria, forzada y obligatoria; definir la huelga como una acción desarrollada pacíficamente; y la incorporación de la noción de “servicios mínimos” en la huelga para proteger los intereses del empresario, desnaturalizando el concepto de servicios esenciales reconocido por la OIT.