CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

A la Comisión Investigadora del Caso Caval concurrió la Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro, así como el Seremi de Vivienda de la región de O'Higgins, Wilfredo Valdés.

En primer término, Montenegro dio cuenta a los parlamentarios que luego del convenio judicial preventivo, en que es nombrado el síndico Herman Chadwick, quien luego vendió los terrenos a la empresa Caval, se canceló por parte de este un total de 415 millones de pesos a Juan Díaz (quien es mencionado como militante de la UDI y asesor de dicho partido) por su labor como gestor inmobiliario en el cambio de suelo de los terrenos en Machalí.

Sobre este punto, el diputado comunista Daniel Núñez advirtió que este pago levanta sospechas sobre la participación del síndico Chadwick “en este negocio de especulación inmobiliaria”, porque es el responsable de estos pagos a Díaz.

“Esta es una situación realmente escandalosa tan grave o más grave que la situación de Caval. A mí me da la impresión, y tengo la sospecha, que el propio síndico se involucra con una red que hace corrupción, que hace tráfico de influencias para cambiar los planos de usos de los suelos y, francamente, hay pagos que no tienen ninguna justificación”, enfatizó el diputado Núñez.

Asimismo, el diputado PS Manuel Monsalve, también recalca la información del monto del pago realizado a Juan Díaz explicando que estos “más que duplican el pago que recibió el propio síndico”.

“Aquí en la práctica hubo una especie de colusión entre el síndico, Juan Díaz y Cinthia Ross -funcionaria de la Municipalidad de Machalí- para sacar ventaja en el proceso de liquidación de la quiebra de los terrenos de Machalí”. El legislador añadió que Herman Chadwick deberá explicar por qué se realiza un pago de esta naturaleza si la decisión de cambio de uso de suelo depende de funcionarios públicos.

Seremi de Vivienda

A la instancia investigadora también concurrió el seremi de Vivienda y Urbanismo de O'Higgins, Wilfredo Valdés, quien ha sido cuestionado por su participación en este caso debido a la tasación que realizó a los predios de Machalí cuando aún no ejercía su cargo público.

Al respecto, Valdés dijo que en la Comisión entregó información de cómo se formula el cambio de un plan regulador intercomunal, el estado actual en que se encuentra este proceso y “dejar en claro que no he tenido ninguna presión ni nada de otro tipo que me vinculara con Caval u otra acción para pedir que yo cambiara el uso de suelo”.

El personero afirmó que “no es el seremi quien modifica un plan intercomunal, no es el seremi quien lo aprueba, sino que es un proceso donde la seremi participa en su desarrollo, pero quien aprueba o define es el Consejo Regional”.

Respecto de sus vínculos o cercanía con la empresa Caval, Valdés insistió que no conoce a los dueños de Caval ni tiene ninguna relación con ellos.

Sobre este punto, la diputada Marcela Sabat (RN) dice que existe la duda “sobre un lobby de parte del seremi que, como privado, antes de ejercer en el servicio regional, hace la tasación con el cambio de uso de suelo actual pero además suma una futura, la recomienda, y nosotros le preguntamos y no fue capaz de responder por qué recomienda este cambio de uso futuro de los terrenos de Machalí”.

“Creemos que la respuesta fue vaga y tampoco fue capaz de responder una duda muy válida, al predisponerse toda esta situación como un lobby por parte del seremi actual que elaboró esta tasación de Machalí y que, además, lo hace junto al socio de Compagnon (Valero). Aquí estamos hablando que había un vínculo directo”.

Finalmente, el diputado Gustavo Hasbún (UDI), dijo que las respuestas del seremi demuestran “lo caraduras que son algunas personas de Gobierno que han tenido vinculación directa con casos de corrupción y que, claramente, hoy día están tratando de protegerse y proteger los intereses de terceras personas”.

El legislador añadió que “el seremi negó y mintió en reiteradas oportunidades en la Comisión” sobre su participación y vínculos con Caval.