La iniciativa plantea que el aumento en la esperanza de vida de los chilenos hace necesaria la readecuación de ciertas normas e instituciones como, por ejemplo, los plazos de vigencia y cobertura de los seguros.
El texto fue presentado por los diputados UDI David Sandoval, Sergio Gahona, Gustavo Hasbún, Issa Kort, Joaquín Lavín, Iván Norambuena, Enrique Van Rysselberghe, Felipe Ward y las diputadas María José Hoffmann y Andrea Molina.
El objetivo es modificar el Decreto con Fuerza de Ley 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, en materia de vigencia del contrato de seguro.
De tal manera, el boletín 10041, remitido a la Comisión de Economía, postula que cualquier contrato de seguro no podrá tener una vigencia inferior a 90 años, cuando sea suscrito en beneficio de una persona natural.
Los autores del proyecto relevaron el importante aumento de la esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres, destacando que a comienzos de siglo la esperanza ascendía a 72 años, mientras que hoy dicha cifra aumentó en casi 10 años. Añaden que el incremento de la población adulta mayor implica, necesariamente, la readecuación de diversas normativas e instituciones, para hacerse cargo de esta nueva realidad.
En el caso de los contratos de seguros, estos constituyen una convención en virtud de la cual se transfieren al asegurador uno o más riesgos a cambio del pago de una prima. Queda así el asegurador obligado a indemnizar el daño que sufriere el asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas.
Bajo este punto, el asegurador asume los riesgos que pueden referirse a bienes determinados, al derecho de exigir ciertas prestaciones, al patrimonio y a la vida, salud e integridad física o intelectual de un individuo. Como todo acuerdo de voluntades, el contrato de seguros genera obligaciones tanto para asegurado como también para el asegurador.
Los legisladores indican que la necesidad de establecer una regularidad jurídica a personas que viven más tiempo que el proyectado es fundamental y que una solución diversa implicaría necesariamente un hecho de discriminación inaceptable en un estado de derecho consolidado como lo es el chileno.
Por ello, consideran que una solución razonable es prorrogar la vigencia de los contratos de seguros, más allá de las fechas de expiración convencionales a partir de factores de edad de los sujetos asegurados.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS