CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

En el marco de la evaluación de la Ley N°20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), la Cámara de Diputados, a través del organismo encargado de analizar normativas, realizó un foro ciudadano en la ciudad de Temuco, el viernes 5 de junio, en la Intendencia de dicha región. La actividad tuvo como objetivo conocer la opinión que las organizaciones sociales vinculadas con el tema tienen sobre la norma.

La capital de la IX región fue el punto de encuentro para que representantes de las distintas organizaciones sociales que realizan intervenciones con jóvenes infractores sancionados por la Ley de RPA y que forman parte de la red de prestadores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), contaran su experiencia en la implementación de la norma y propusieran medidas correctivas para su mejor funcionamiento.

Juan Paulo Rivera, Director del Programa de Servicio Comunitario, quien participó en la reunión, calificó de buena la iniciativa realizada por el Departamento de Evaluación de la Ley, puesto que es necesario preguntarle a las instituciones colaboradoras respecto de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. “Nosotros las instituciones colaboradoras somos parte de la sociedad civil y en ese sentido también tenemos una mirada en terreno de la aplicación de la RPA y creo que en la medida en que se pueda incorporar desde la experiencia, inductivamente, todas estas particularidades que estamos observando en una propuesta de reforma de la ley, yo creo que es necesario” afirmó Rivera.

El Director del Programa explicó, además, que las sociedades avanzan y las leyes deben irse adaptando y, agregó, que el fenómeno de la delincuencia ha avanzado; por lo tanto, la oferta programática del Estado tiene que ir en concordancia con esa situación.

Ruth Toledo, Directora del Programa de Libertad Asistida Especial, destacó la relevancia de que se consideren a los actores que aplican efectivamente las sanciones y que de alguna manera tienen una visión más realista de lo que pasa y de los criterios que se aplican en los diferentes tribunales respecto a la RPA. Tras el análisis realizado en el foro, Toledo dijo que pondría énfasis en la especialización, que es uno de los compromisos que se asumió en la implementación y que finalmente nunca llegó. “Esta ley está al debe respecto a la especialización y a los criterios que se aplican para la idoneidad de las condenas respecto de las características de los adolescentes, porque no olvidemos que lo que busca la ley es la reinserción social efectiva, pero bajo la Convención de los Derechos del Niño y no solo desde una mirada punitiva de los delitos”, aseveró.

Por su parte, Jorge Torres, Director de los Programas de Libertad Asistida y Asistida Especial, también manifestó que pondría mayor énfasis en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente en lo que dice relación a la especialización del Poder Judicial y en dar mayor coordinación al sistema para que esa integración social, de la cual habla la ley, esté al alcance de los jóvenes. “Hoy en día lo establece la ley, dice que se encargue de la integración social, pero los convenios marcos o las instituciones marco como salud, educación, capacitación no han podido dar respuesta a lo que originalmente plantea la norma”, precisó.

El estudio realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley contempla entrevistas con implementadores de la norma, foros con organizaciones sociales y la publicación de un informe que recoge la percepción de los distintos actores, a partir del cual se elaboran conclusiones y recomendaciones que se entregan a los legisladores con el fin de alimentar el debate legislativo sobre la materia.