A través de un proyecto derivado a la Comisión de Economía se plantea excluir temporalmente de dichos cargos a aquellas personas que hubiesen sido sancionadas por la Superintendencia de Valores y a los ex funcionarios o ejecutivos de entidades fiscalizadoras y empresas públicas.
Los diputados de Amplitud, Joaquín Godoy y Pedro Browne, ingresaron un proyecto que modifica la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, para aumentar las inhabilidades que existen para ejercer el cargo de director de una sociedad anónima abierta.
Los parlamentarios argumentan que esta iniciativa responde a la urgente necesidad de elevar los estándares éticos e idoneidad profesional exigibles a los directores de estas sociedades y separar los vínculos entre el poder empresarial y la política. Esto porque los intereses de las Sociedades Anónimas abiertas son también de todos los chilenos, afirman, debido a la participación que tienen en este tipo de entidades las AFP.
A lo anterior, se suma que la actual normativa no inhibe de ser directores a aquellos que han sido sancionados por la Superintendencia de Valores (SVS) -incluso en casos donde ha sido demostrado el daño patrimonial a los accionistas- y se permite que sin ningún plazo o impedimento puedan continuar en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se observa como práctica creciente el reclutamiento de funcionarios de entidades fiscalizadoras o altos ejecutivos de empresas públicas para los cargos de directores, situación que estrecha los vínculos entre el poder empresarial y la política, lo que crea conflictos de interés y pone en duda las actuaciones y decisiones de estos personeros, sostienen los legisladores.
Por todo lo anterior, la propuesta (boletín 10174) señala que, por un plazo de dos años, no podrán ser nombrados directores de S.A. abiertas aquellas personas que fueron sancionadas por la SVS, plazo que se incrementará en un año por cada infracción adicional que se sancione.
Asimismo, las personas sancionadas tampoco podrán ser nombradas directores representantes de accionistas minoritarios de una AFP, de manera temporal por un año, desde que fueron ejecutoriadas las sanciones.
Finalmente, se establece un plazo de dos años de inhabilidad, desde que dejan sus cargos, para los funcionarios del Estado que cumplieron funciones como Superintendentes o Intendentes de organismos de fiscalización o que hayan ejercido como directores de empresas públicas.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS