La iniciativa, encabezada por la diputada Claudia Nogueira, propone que las juntas de vecinos se encuentren habilitadas para solicitar a la autoridad edilicia medidas de seguridad en los pasajes, caminos y conjuntos habitacionales.
Con el propósito de modificar la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, un grupo de diputados UDI presentó un proyecto de ley (boletín10189) que solicita la disminución del quórum necesario para solicitar a la autoridad municipal el cierre de calles y pasajes.
La propuesta, enviada a análisis a la Comisión de Gobierno Interior, fue ingresada a trámite legislativo el pasado lunes 13 de julio por la diputada Nogueira junto sus compañeros de partido Juan Antonio Coloma, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, María José Hoffmann, Javier Macaya, Andrea Molina, Celso Morales, Iván Norambuena y Felipe Ward.
En el documento, los diputados expresaron su concordancia con "que no basta con una regulación cosmética de los pasajes, sino más bien otorgar a los propios vecinos de mayores facultades de empoderamiento de su barrio, no como una situación que implique exclusión sino más bien, protección y apoyo mancomunado de todos y cada uno de los miembros de la organización vecinal a través de ciertas medidas que apuntan a atacar el problema de la delincuencia o al menos a morigerar su surgimiento”.
Consideraron que, en la actualidad, la propia autoridad estatal (a través de la Ley 20.499) a cargo de las municipalidades ejerce un cierto control preventivo de acceso a calles, pasajes o a conjuntos habitacionales, sean estos urbanos o rurales, con una misma vía de acceso o salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos, a través de la autorización que ellos despliegan por un plazo de cinco años.
Asimismo, añadieron, la referida autorización implica un consenso de los vecinos, los que con la firma de al menos un 90%, previo informe de las Direcciones de Tránsito y de Obras Municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna, podrán requerir de la autoridad municipal la referida autorización.
Expresaron también que el aumento sostenido de la tasa de victimización de la población hace pensar que todo esfuerzo en materia de combate a la delincuencia es poco y que se requiere "de una sociedad civil más empoderada y organizada a fin que la actividad policial sea más efectiva, principalmente en lo que respecta a la prevención”.
Finalmente, los diputados plantearon que, a su entender, la existencia de un porcentaje como el indicado precedentemente, dificulta la puesta en marcha de todo un conjunto de medidas de carácter urgente que requieren de la autoridad estatal y policial una decisión expedita y expresa. "Es así como el alto porcentaje que exige la ley hace que, al fin de cuentas, la referida solicitud se entrabe, más que facilite la toma de decisiones, situación que hace poco eficaz la normativa”, remataron.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS