Texto elimina las disposiciones dictadas en la ley 18771, de 1989, que facultó a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa a eliminar documentación en lugar de su envío al Archivo Nacional.
La Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el DFL 2.500 del Ministerio de Educación, para derogar la norma que permite la eliminación y destrucción de documentos por parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, cada cinco años, en lugar de su envío al Archivo Nacional como el resto de las reparticiones públicas.
La iniciativa (Boletín 9958) fue presentada en marzo del presente año, por los diputados Gabriel Boric (Ind) y Tucapel Jiménez (PPD), acompañados de los diputados Claudio Arriagada (DC), Fidel Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Felipe Kast (Ind), Felipe Letelier (PPD), Sergio Ojeda (DC), Roberto Poblete (Ind) y Raúl Saldívar (PS).
Los parlamentarios buscan derogar esta excepción que fue adoptada en 1989, a través de la ley 18.771, por el gobierno militar meses después de efectuado el plebiscito que marcó el inicio del retorno a la democracia. Para los autores del proyecto, esta norma ha facilitado la eliminación de documentación y archivos militares que “pudieron haber sido no sólo útiles, sino que indispensables para realizar y/o concretar investigaciones judiciales respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de militares y civiles en Dictadura”.
Al respecto, la modificación aprobada por la comisión también establece que todos los documentos que actualmente estén en posesión de las ramas y cuya antigüedad amerite su archivo, sean enviadas en forma inmediata al Archivo Nacional.
Sobre su aprobación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Saldívar, sostuvo que “esta es una importante fuente de información y de patrimonio nacional que, a nuestro juicio, debe preservarse. Es indudable que estos mismos archivos pueden ser de ayuda en algunas causas de derechos humanos y por ello consideramos justo que se tenga acceso a ellos”.
El parlamentario socialista indicó que “es indudable que durante un largo período la legislación permitió la eliminación de documentación y archivos militares que pudieron haber sido no sólo útiles, sino que indispensables para concretar investigaciones judiciales respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de militares y civiles en dictadura. Es por ello, que nos parece urgente y necesario que se cambie esta situación y que los tribunales puedan contar con estos archivos”.
Por su parte, el diputado independiente, Felipe Kast, señaló que este proyecto busca tener hacia el futuro transparencia absoluta y no tener documentos oficiales que desaparezcan.
“Chile ha cambiado, Chile hacia el futuro quiere tener esas garantías y, por lo tanto, es un avance importante. No sabemos qué implicancias va a tener, pero es un mínimo en una democracia moderna que nos parece razonable y sano implementar”, afirmó el parlamentario.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS