La propuesta parte de una idea de igualdad pero que hace el debido reconocimiento de la diferencia y que tiene como fin minimizar al máximo los efectos que esta produce en el disfrute de los derechos y el desarrollo de una vida humana digna.
Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 387 que solicita a la Presidenta de la República decretar la obligación para que los servicios públicos dispongan de al menos una persona capacitada en el lenguaje de señas en cada oficina de la administración pública.
La iniciativa fue presentada por los diputados Marcela Hernando (PRSD), Daniel Farcas (PPD), Jorge Sabag (DC), Clemira Pacheco (PS), Claudio Arriagada (DC), Alejandra Sepúlveda (IND), Leopoldo Pérez (RN), Diego Paulsen (RN), Daniella Cicardini (PS) y Alejandro Santana (RN).
En el texto, los autores argumentaron que las actuaciones que desarrollen las administraciones públicas no se pueden limitar únicamente a planes, programas y acciones específicos orientados a las personas que presentan, por ejemplo, discapacidad auditiva, sino que han de comprender las políticas y líneas de acción de carácter general en todos los ámbitos de la administración pública, teniendo en cuenta las diversas necesidades de las personas usuarias de las mismas.
En ese sentido y considerando el concepto de accesibilidad universal, sostuvieron que los entornos, procesos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos deben cumplir las condiciones necesarias para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Asimismo, expresaron que actualmente existe solo un proyecto de ley en tramitación en relación al lenguaje de señas, el cual propone incorporar éste en los programas de televisión con contenido musical y espectáculos musicales en vivo. Pero, agregan, no cubre todas las necesidades ciudadanas que las personas con discapacidad sensorial requieren.
Por esto, es que los parlamentarios sostienen que el Estado debe establecer normativas que puedan generar una igualdad entre sus ciudadanos al momento de relacionarse con la administración e instituciones públicas del Estado.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS