Parlamentarios plantearon que no parece razonable que subsista un privilegio procesal en favor de las autoridades eclesiásticas "ya que no ejercen ningún tipo de función pública".
Los diputados de la Democracia Cristiana René Saffirio y Ricardo Rincón ingresaron hoy un proyecto de ley que terminaría con los beneficios procesales contemplados en causas judiciales a autoridades eclesiásticas. Lo anterior se produce en el contexto de la reciente declaración del cardenal Errázuriz y de la inminente declaración que tendrá que realizar el cardenal Ezzati, el próximo 22 de octubre, en juicio entablado por las víctimas del caso Karadima.
En esas diligencias, el cardenal Francisco Javier Errázuriz descartó concurrir al palacio de tribunales y fijó un domicilio para realizar la declaración.
El diputado René Saffirio explicó que "determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, quedan exentas de comparecer ante el tribunal, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. En este caso se encuentran, entre otros, el presidente de la República, los Ministros de Estado y otras autoridades; pero, también, las autoridades eclesiásticas como el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos. A mayor abundamiento, también los religiosos, incluso los novicios pueden hacer uso de este derecho".
Sobre lo anterior, precisó que no parece razonable que subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas “ya que no ejercen ningún tipo de función pública".
En la misma línea, el diputado Ricardo Rincón dijo que "se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no sólo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico".
Asimismo el diputado Saffirio agregó que la situación actual daña la ritualidad procesal pero “también la prestancia y la solvencia ética y moral de la justicia frente a personeros que han, a lo menos, actuado en calidad de encubridores de delitos graves como los que se investigan en el caso Karadima”.
El parlamentario DC agregó que estos privilegios también deben terminar respecto de los parlamentarios “y por ello hemos presentado un proyecto de reforma constitucional que elimina el fuero parlamentario y en este mismo proyecto vamos a presentar una indicación que hace extensivo el término de estos privilegios a las autoridades públicas, a las autoridades del Estado, de tal manera que todos seamos ante la justicia ciudadanos, que con la misma categoría o condición, tengamos la obligación de presentarnos cuando la justicia así lo requiera”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS