En su intervención ante la comisión investigadora, Magaly Espinosa, explicó a los diputados que la empresa ha presentado serios problemas en los últimos tres años, por lo que se encuentra en evaluación, poniendo en riesgo el expediente de caducidad de la concesión.
La Comisión Investigadora en la fiscalización de la calidad del servicio de Aguas del Valle, recibió a la Superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa, quien expuso la situación actual en la que se encuentra la empresa Aguas del Valle debido a los reiterados cortes de suministro y alzas en las tarifas que han afectado simultáneamente a la región de Coquimbo.
En la sesión de la instancia investigadora, Espinosa explicó que hasta el año 2013 la empresa había tenido un comportamiento similar al resto de las compañías del rubro, pero que a comienzos del año 2014 empezó a presentar los primeros síntomas de inestabilidad, donde hasta la fecha, ya acumula 11 procesos de fiscalización que se encuentran en curso, teniendo en el 2015 siete crisis que han afectado la calidad del servicio.
“Esta empresa tiene un déficit de gestión en la región, pues decisiones de gran importancia se toman en Valparaíso, lo cual no permite -en muchas ocasiones- que las autoridades regionales tengan interlocutores válidos para implementar medidas y/o responder consultas de un modo oportuno y eficiente”, aclaró.
Asimismo, indicó que la Superintendencia ha hecho presente a la empresa todas estas deficiencias, a la vez que ha tomado las medidas administrativas que apuntan a lograr una pronta solución a dichos problemas, los que se acentuaron este último año, hasta el punto de exigir un programa de obras concreto para hacer frente a las situaciones que pueden poner en riesgo su concesión, particularmente en las localidades de Ovalle e Illapel.
Finalmente, la personera agregó que como organismo fiscalizador mantendrán una permanente y rigurosa fiscalización del cumplimiento del programa de inversiones comprometido por la empresa y de la calidad del servicio prestado a sus usuarios.
Reacciones
Terminada la exposición de la Superintendenta, el presidente de la Comisión, diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD), insistió en que la explicación no dejó claro cuáles son los datos objetivos de cuando una empresa puede ser sancionada o caducada.
“La empresa Aguas del Valle ha tenido múltiples infracciones, con un costo tremendo para nuestra población que se ve muchas veces abusada por los servicios que está prestando, por esto es que llama la atención que una vez que se establece la Comisión Investigadora y se origina en la región uno de los terremotos más grandes del siglo XXI y, no obstante, cuando se ve amenazada, por así decirlo, con un proceso de investigación, la empresa no falla en su servicio. Entonces es curioso, yo creo que hubo un tiempo que se relajaron muchísimo los servicios prestados y están las consecuencias a la vista”, sostuvo.
El parlamentario, agregó, que tras esta exposición han quedado temas pendientes y acuciantes, que se tienen que discutir y dialogar, por lo que expresó que con previo acuerdo de los integrantes de la Comisión, se ha vuelto a citar a la Superintendenta, para resolver todas las dudas que quedaron al respecto.
Por su parte, el diputado Daniel Núñez (PC), señaló que es necesario entregar más facultades a la Superintendencia para que la fiscalización sea más permanente y tenga más atribuciones para poder compensar a los usuarios de los servicios de agua potable cuando ellos se ven perjudicados con los cortes de agua.
Aguas Chañar
Por su parte, la diputada Yasna Provoste (DC), aclaró que el mismo caso ha ocurrido con la empresa Aguas Chañar, donde una gestión deficiente ha generado un impacto muy negativo en la vida de muchas personas de la región de Atacama.
“La calidad y la continuidad del servicio no han estado a la altura de las exigencias ni de los procesos tarifarios y muchas veces hemos sentido un abandono por parte de la Superintendencia respecto de velar y garantizar los derechos de los vecinos y vecinas de nuestra zona, si bien es cierto, la presentación de la Superintendencia es interesante y entrega información, nos deja la duda de cuál ha sido el rol real de fiscalización durante los últimos 10 años, 9 de los cuales ha estado encabezados por la actual Superintendenta Espinosa”, argumentó.
En la misma línea, la parlamentaria sostuvo que cada vez los procesos tarifarios en Atacama van al alza y, además, se mantienen los problemas de falta de continuidad del servicio de agua potable y de tratamiento de aguas servidas.
“Existen rentabilidades por parte de las sanitarias muy por sobre el 8% y donde, además, la Superintendencia paga costosos contratos para comisiones de expertos que terminan siempre fallando a favor de las empresas. Por eso yo espero que en una próxima sesión, la Superintendenta nos pueda aclarar muchas dudas que quedaron en el aire”, remató.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS