Una comisión investigadora aprobada en la Sala deberá abordar la actuación de los consecutivos ministros de Educación, los convenios entre organismos públicos y privados y la forma en que se ha controlado la reubicación de los alumnos de la malograda universidad privada.
En forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud formulada por 48 legisladores de varias bancadas, en orden a crear una Comisión Investigadora de "los actos del Gobierno vinculados con el proceso de reubicación de ex alumnos de la Universidad del Mar en otras entidades de educación superior", instancia que tendrá un plazo de 90 días para rendir su informe.
Según se informó, en 2012 se detectó que la Universidad del Mar, entidad de educación superior acreditada por el Estado, había realizado procedimientos con claras y directas intenciones de generar lucro a sus propietarios. Ello llevó a la cancelación de su acreditación, dejando desamparados a casi veinte mil alumnos.
A fin de reubicar a los estudiantes de la Universidad del Mar, el Ministerio de Educación creó, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, una unidad de reubicación a cargo de Magdalena Carretón, que siguió funcionando bajo la administración de Michelle Bachelet. El organismo realizó convenios con cerca de una veintena de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para que estas instituciones dieran continuidad a los estudiantes de la Universidad del Mar.
Sin embargo, los parlamentarios precisan que casi todos esos convenios fueron suscritos de manera informal, razón por la cual el Ministerio de Educación no tiene cómo verificar ni fiscalizar que dichos compromisos efectivamente se estén cumpliendo.
Tan sólo cinco de los convenios gestionados por la unidad de reubicación fueron ratificados por escrito por el Ministerio. Se trata de los suscritos con las universidades de Playa Ancha, de Magallanes, de Atacama, Católica del Maule y Católica Silva Henríquez.
En virtud de lo anterior, plantearon los promotores de la iniciativa, existen serias dudas respecto a la correcta fiscalización de parte del Ministerio al uso de los dineros públicos que dichas universidades recibieron en virtud de tales convenios.
"Nos parece necesario despejar las dudas que surgieron luego de la firma de contratos, a través de los cuales hubo traspaso libre de fondos fiscales, sin el posterior control y rendición de cuentas de dichos fondos, lo que podría ayudar a que los dineros públicos no hayan sido utilizados en beneficio de los alumnos reubicados, sino para fines ajenos a la necesidad que los justificó", precisan los legisladores.
A modo de ejemplo, mencionan que la Universidad Católica Silva Henríquez se negó, a su juicio arbitraria y discriminatoriamente, a admitir en sus aulas a aquellos alumnos que habían sido dirigentes estudiantiles en la Universidad del Mar. La Universidad de Playa Ancha recibió tres mil millones de pesos por recibir a seiscientos estudiantes del plantel privado, pero solo la mitad de ellos fueron realmente reubicados en sus aulas. En el caso de los que sí fueron admitidos, la UPLA les exigió el pago de su arancel más la mensualidad que pagaban en la Universidad del Mar.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS