CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Hasta la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados concurrieron, este miércoles 25 de noviembre, tanto el jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, Jaime Jara, como el encargado de Políticas Públicas de la ONG de Derechos Digitales, Pablo Viollier, quienes manifestaron sus respectivas posiciones en torno al proyecto que tipifica y sanciona los delitos informáticos (boletín 10145).

Según se destacó desde Derechos Digitales, el proyecto de ley en cuestión es altamente pernicioso, por lo cual expresaron su oposición a este y llamaron a avanzar en una línea distinta. Así, entre sus conclusiones se resaltó que la iniciativa establece tipos penales abiertos y que adolece, incluso, de vicios de inconstitucionalidad.

Además, se sostuvo que resulta altamente perjudicial para la observancia de los derechos fundamentales en el entorno digital y se resaltó que ya existe un proceso de estudio para adecuar la legislación chilena en esta materia.

PDI

El jefe del Cibercrimen de la PDI resaltó la importancia de avanzar con la actual legislación y argumentó que un cambio en la normativa le entregaría más facultades a la Policía para utilizar diversas herramientas como la figura de agente incubierto y de entrega informada y para colaborar con las investigaciones de todos los delitos informáticos.

“Para nosotros, una nueva legislación es importante, porque se puede utilizar para desbaratar las organizaciones criminales que se dedican a cometer delitos a través de Internet”, comentó.

Asimismo, afirmó que una nueva normativa permitiría regularizar la figura del fraude informático, la cual no está muy bien especificada en la normativa actual, y con esto se estaría solucionando en gran parte del problema que hace referencia a los abusos de los dispositivos electrónicos para cometer delitos. “Esto nos ayudaría mucho para detener a las organizaciones criminales”, indicó.

En cuanto a los proveedores de Internet, Jara destacó que el proyecto de ley contemple la obligación de mantener por un mayor tiempo los registros de las conexiones de los usuarios a través de la web, porque se podrá definir quienes son proveedores y se les exigirá entregar información al Ministerio Público en plazos determinados, con una sanción en el caso de que no se cumpla con la norma que establece la ley.

“Esto es un gran avance, porque nosotros tenemos que luchar, día a día, con todo este tipo de solicitudes y son muchas las que les enviamos a las compañías, donde estas, además en variadas ocasiones, no tienen resultado o no cuentan con registro, situación que no guarda relación con lo que la ley señala, debido a que todas las compañías tienen que almacenar los registros y eso en la actualidad no está sucediendo”, aseguró.

Reacciones

Concluidas las exposiciones, el presidente de la Comisión, diputado Víctor Torres (DC), indicó que ha sido my interesante escuchar tanto a la ONG como a la Policía de Investigaciones, por cuanto les han entregado elementos importantes de juicio, sobretodo para el análisis de la ley en particular.

“Ambos se han mostrado disponibles y con la necesidad de poder tener una nueva legislación, que se actualice respecto a los requerimientos del tiempo en el que estamos viviendo y, en ese sentido, nosotros también vamos a recoger las sugerencias que nos han realizado para poder perfeccionar la redacción del articulado”, expresó el parlamentario.

En el mismo contexto, el diputado José Antonio Kast (UDI), reafirmó que hay que avanzar de manera inmediata en nueva legislación debido a que está muy atrasada en todo lo que es delito informático. “Creo que tanto la ONG como la PDI hicieron buenos aportes para el debate legislativo que viene hacia delante en la modificación legal sobre delitos informáticos”, culminó.