La moción, presentada por diputados socialistas, da cuenta que, no obstante a los esfuerzos por parte de la institucionalidad, existe un déficit en cuanto a inclusión social efectiva al momento de ingresar al mercado laboral, principalmente a causa de que se incorporan en climas laborales que no han sido adaptados.
Con la idea de mejorar en materia de inclusión, los diputados PS Raúl Saldívar, Luis Rocafull y Marcelo Schilling presentaron, el pasado 22 de octubre, un proyecto de ley (boletín 10361) que modifica la Ley 20.370, General de Educación, para obligar a los establecimientos educacionales a efectuar las adecuaciones curriculares necesarias para propender a la inserción social de las personas con discapacidad.
La iniciativa, derivada a la Comisión de Educación para su estudio, define la obligatoriedad de impartir programas formativos en torno a la inclusión social para todas aquellas instituciones de educación superior regidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº2, del Ministerio de Educación, cuyos planes se encuentren dirigidos a la administración de recursos humanos.
"Con tal objetivo se pretende efectuar adecuaciones curriculares que deberán incluir tópicos como aspectos psicológicos de la discapacidad, aspectos medioambientales, normativa nacional e internacional en torno a personas con discapacidad y, en definitiva, desarrollar los principios que la Ley 20.422, sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, consagra, como son los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social", especificaron.
Los legisladores resaltaron que, no obstante a los esfuerzos por parte de la institucionalidad, existe un déficit en cuanto a inclusión social efectiva al momento de ingresar al mercado laboral, principalmente a causa de que se incorporan en climas laborales que no han sido adaptados, siendo objeto de discriminación e indolencia en su interacción con otras personas e incluso esta discriminación se ha fundamentado sobre la base del propio interés de los afectados.
Indicaron que una investigación realizada por la Organización Acción RSE da cuenta que, como argumentos para no contratar personas con discapacidad, se suele invocar que el entorno de trabajo en la empresa resulta muy peligroso para ellas; que estas personas faltan mucho al trabajo por enfermedad; o que los demás empleados de la empresa pueden tener problemas de comunicación con las personas discapacitadas.
"Según este informe, no resulta sorprendente que tan sólo el 29,2% de las personas con discapacidad en Chile, mayores de 15 años, realizan trabajo remunerado, versus el 48,1% de personas sin discapacidad. Además, por cada cuatro personas con discapacidad que trabajan remunerada mente, siete personas con discapacidad no lo hacen”, precisaron.
Los diputados estimaron que quienes cumplen labores de administración y/o encargado del proceso de inducción o de jefatura, o responsable de recursos humanos, muchas veces adolecen de una formación específica en la materia de personas con discapacidad, siendo incapaces de gestionar el trabajo y la interacción de personas con discapacidad y sin discapacidad, lo que finalmente se convierte en frustración para las personas con discapacidad y en el fracaso de las iniciativas de inclusión laboral, que terminan afianzando y justificando las conductas discriminatorias.
Señalaron que, conforme al documento de trabajo auspiciado por el gobierno de Chile, titulado “Rampas y Barreras”, una de las consecuencias más graves de los prejuicios sociales y de las actitudes negativas que estos sustentan, es la dificultad de reconocer a las personas con discapacidad con los mismos derechos que todas las demás.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS