En la iniciativa, presentada por un grupo transversal de legisladores, se estima que, si estas personas han atentado gravemente contra los habitantes de la Nación, produciendo un profundo y, muchas veces, irreparable daño en la comunidad, resultaría una afrenta a la sociedad que puedan recuperar la ciudadanía.
Relevando el papel que juega en nuestra sociedad la titularidad de la ciudadanía, un grupo transversal de diputados, encabezado por Daniel Farcas (PPD), presentó una moción (boletín 10362) que establece que las personas condenadas por delitos que la ley califique como conducta terrorista y por delitos relativos al tráfico de estupefacientes no tendrán derecho a la rehabilitación de este derecho.
La moción, derivada a la Comisión de Constitución para su análisis, fue ingresada el pasado jueves 22 de octubre por el diputado Farcas junto sus compañeros de partido Miguel Ángel Alvarado, Loreto Carvajal, Guillermo Ceroni y Enrique Jaramillo y a los diputados UDI Jaime Bellolio y Marisol Turres; PRSD Marcela Hernando; y DC Aldo Cornejo y Gabriel Silber.
"Creemos que si estas personas han atentado gravemente contra los habitantes de la Nación, produciendo un profundo y, muchas veces, irreparable daño en la comunidad nacional, consideramos que el hecho que puedan recuperar la ciudadanía, y con ello el ejercicio pleno de los derechos políticos inherentes a esa condición; resultaría una afrenta a la sociedad, toda vez que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, y como el narcotráfico, socavan la tranquilidad de la población, el bien común y las bases esenciales de la convivencia social; enquistándose como un verdadero cáncer social", enfatizaron los autores.
Los legisladores recordaron que, en el año 2005, mediante la reforma constitucional de la Ley 20.050, se modificó la Carta Fundamental, entre otras materias, en relación a las causales de pérdida de la ciudadanía. Así, acotaron, se determinó esta sanción para que quienes hubiesen sido condenados por delitos relativos al tráfico de estupefacientes y que hubiesen merecido, además, pena aflictiva (tres años y un día o más). Sin perjuicio de lo anterior, la norma constitucional permite que las personas condenadas por estos delitos recuperen la ciudadanía, ante el Senado, una vez cumplida la condena.
"Es por ello que proponemos modificar el artículo 17 de la Carta Fundamental, estableciendo que aquellos condenados por delitos terroristas y los relativos al tráfico de estupefacientes pierdan de por vida la ciudadanía, terminando con la posibilidad de que puedan rehabilitar su calidad de ciudadano ante el Senado", especificaron.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS