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Publicado 08/02/2016 10:00:00

Proponen incorporar como agravante causar detrimento patrimonial en los ahorros previsionales

El proyecto, presentado por diputados de la Nueva Mayoría, busca generar un mayor nivel de desincentivo a prácticas delictuales de cuya consecuencia se derive un perjuicio para los cotizantes de una AFP.

El proyecto, presentado por diputados de la Nueva Mayoría, busca generar un mayor nivel de desincentivo a prácticas delictuales de cuya consecuencia se derive un perjuicio para los cotizantes de una AFP.

En la línea de hacer mayor justicia y generar los desincentivos necesarios en torno a malas prácticas y hechos delictuales en el ámbito económico, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría, liderado por Víctor Torres (DC), presentó un proyecto (boletín 10504) que plantea incorporar como agravante el hecho que el delito en cuestión implique un detrimento patrimonial en los ahorros previsionales.

La moción, enviada a discusión a la Comisión de Constitución, fue ingresada a trámite el miércoles 6 de enero por el diputado Torres junto a los diputados Marcela Hernando (PRSD), Felipe Letelier (PPD), Pablo Lorenzini (DC), Jorge Tarud (PPD) y Mario Venegas (DC).

Los autores recordaron que hay varios casos emblemáticos de ilícitos que han tenido como consecuencia una afectación en el patrimonio de una determinada administradora de fondos de pensiones, entre ellos, el fraude que afectó a la empresa La Polar, en que cálculos realizados por la Fundación Ciedes, incidió en que las AFP sumaran pérdidas por más de 257 millones de dólares solo en el mes de junio del 2011. "La Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social concluyó que este detrimento económico significaba que cada cotizante del fondo C, el más representativo de los chilenos, había perdido un promedio de un 1,5%, de tal forma que si un trabajador contaba con 5 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual, esta pérdida significó un total de 76 mil pesos", precisaron.

Otro ejemplo citado es el llamado "Caso Cascadas", en donde, según cifras de la propia Superintendencia de Pensiones, se calcularon perjuicios económicos para casi ocho millones de afiliados a las AFP, significando en dinero aproximadamente unos 44 millones de dólares.

"Por lo que es de toda justicia que cuando ocurran hechos de este tipo, exista una agravante general en nuestra legislación que endurezca las penas, bajas a nuestro entender, impuestas a causa de la realización de delitos que dañen las pensiones de nuestros compatriotas", plantearon.