El texto busca igualar el plazo de prescripción de las Fuerzas Armadas al que tienen los funcionarios civiles de la administración pública.
Los diputados Jaime Pilowsky (DC); Pedro Browne (Amplitud); Guillermo Ceroni (PPD); Fuad Chahin (DC); Nicolás Monckeberg (RN), José Pérez (PRSD), Marcelo Schilling (PS); Jorge Tarud (UDI); Jorge Ulloa (UDI) y Osvaldo Urrutia (UDI), presentaron una iniciativa legal para modificar el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, así como la ley orgánica constitucional de Carabineros, para aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria ante hechos irregulares.
El texto aumenta de dos a cuatro años el plazo de prescripción administrativa en caso de ilícitos para miembros de las FF.AA y Carabineros, hecho que hace justicia con el período que actualmente rige para quienes se desempeñan en la administración pública.
La propuesta (Boletín 10623), surgió en el marco de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Investigadora del Fraude en el Ejército, particularmente, tras la presentación realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien indicó que uno de los problemas en la aplicación de sanciones por parte del órgano fiscalizador es el hecho que los uniformados tienen plazos de prescripción de su responsabilidad administrativa mucho menor al resto de los funcionarios públicos, dos años en el caso de los miembros de las FFAA y seis meses en el caso de Carabineros, hecho que explicó uno de los autores del texto, el diputado Jaime Pilowsky.
En los argumentos de esta moción, se señala que la probidad administrativa surgió en nuestro ordenamiento jurídico a propósito de la función pública y adquirió rango constitucional el año 2005. De esta manera, el principio de probidad exige a los funcionarios públicos, observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, poniendo el interés general siempre por sobre el particular.
De ahí entonces que exista un conjunto de deberes que deben cumplir todos los funcionarios de la Administración del Estado, y que la responsabilidad administrativa se origine en una infracción cometida por el funcionario público a dichos deberes, prohibiciones y/o incompatibilidades que le afecten.
Sin embargo, como toda responsabilidad, independiente de su naturaleza, una de las formas de extinguirla es por el transcurso del tiempo, vale decir la prescripción. La regla general de prescripción de la responsabilidad administrativa para los funcionarios se encuentra consagrada en el Estatuto Administrativo, que dispone que la acción disciplinaria prescribirá en un plazo de cuatro años.
Pero, tratándose del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estos plazos son diferentes, existiendo así "una manifiesta desigualdad entre la totalidad de los funcionarios públicos".
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS