CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Una mención especial realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su Estudio sobre la Política Regulatoria de Chile, al Departamento de Evaluación de la Ley, dependiente de la Cámara de Diputados, destacando su aporte en el debate para eventuales cambios legales en el país.

En el citado informe, la OCDE señala que una de las principales vulnerabilidades de la estructura institucional de Chile para la reforma regulatoria es la falta de un órgano de supervisión regulatoria, al tiempo que da cuenta que la experiencia internacional demuestra que la reforma regulatoria debe ser dirigida por una institución específica, ubicada en el centro del gobierno, con responsabilidades claras.

En este plano, resalta que "la Cámara de Diputados de Chile logró un progreso significativo entre los países de la OCDE al crear un Departamento de Evaluación de la Ley que, actualmente, realiza evaluaciones ex post de leyes seleccionadas".

Asimismo, reconoce que el trabajo se realiza a través de un enfoque metodológico, que busca evidencia en la forma en que se aplican las leyes y el efecto sobre la sociedad. "Se publican informes y han servido como aportación adecuada para las deliberaciones sobre posibles enmiendas a las leyes", enfatiza el documento.

Cabe recordar que esta unidad de la Cámara está a cargo del Comité de Evaluación de la Ley, compuesto por nueve integrantes y presidido por el diputado Pablo Lorenzini (DC). A su vez, el grupo de profesionales que realiza la labor investigativa y de análisis del Departamento está a cargo de René Arrayet.

Análisis ex post

La OCDE considera que la introducción exitosa de la evaluación ex post de las leyes en la Cámara de Diputados en Chile "es un ejemplo claro de la pertinencia de revisar periódicamente el marco legal para mantener su validez y coherencia a lo largo del tiempo".

"La labor realizada por el Departamento de Evaluación de la Ley se ha vuelto una referencia en el seno de la Cámara de Diputados cuando necesitan revisar una determinada ley. También ha proporcionado un marco para la participación de las partes interesadas, que valoran el trabajo hecho al escuchar sus opiniones y evaluar cómo las afectan las leyes. La metodología elegida, aunque podría mejorarse para introducir técnicas más basadas en evidencia, ha demostrado su utilidad para acercarse a las percepciones de los ciudadanos respecto de leyes específicas", se detalla en el estudio.

En todo caso, se estima que este trabajo debe realizarse más a fondo y fortalecerse para que se convierta en un proceso sistemático que promueva la calidad regulatoria. Asimismo, se plantea que se podría beneficiar de la inclusión de cláusulas de extinción o cláusulas de revisión, lo que obligaría a los reguladores a promover revisiones ex post después de algunos años de validez.

Además, se evalúa que el Departamento podría beneficiarse del apoyo y recursos ampliados y de los conocimientos especializados de otros profesionales, de forma de conformar un equipo multidisciplinario encargado de revisar las leyes existentes.

La OCDE sostiene en el documento que los informes del Departamento deben seguirse divulgando y consideran importante asegurar que se utilizarán para tomar decisiones más adelante.

El estudio plantea que, si bien Chile ha sido un precursor en la evaluación ex post de las leyes, deben tomarse otras medidas para asegurar que otras regulaciones, en especial las secundarias, también formen parte de este trabajo sistemático y que todo el sistema jurídico se beneficie de este proceso.

"Las leyes y regulaciones deben revisarse periódicamente y en colaboración con el Ejecutivo y el Legislativo, teniendo en cuenta que la mayoría de la información sobre el aspecto de la implementación está en los órganos reguladores del poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Ejecutivo debe participar de manera activa en este proceso y asegurar que las instituciones responsables de la implementación de las leyes se coordinan entre sí", se remarca.

En la misma línea, se estima que la revisión ex post de las leyes y regulaciones debe relacionarse con la introducción de una evaluación ex ante, de modo de permitir cerrar el ciclo de desarrollo regulatorio y asegurar que las regulaciones -tanto las existentes como las nuevas- sigan un enfoque integral para la evaluación de impacto que ayude a los reguladores a identificar cuándo y cómo se requiere una intervención regulatoria. "Con los años, los análisis ex ante podrían establecer el punto de partida para realizar la evaluación ex post de las regulaciones", se sugiere.

Asimismo, se plantea que, para un país como Chile, donde actualmente no existe un programa de reforma regulatoria, sería importante pensar que, tras crear e introducir una estrategia de calidad regulatoria, esta se revise en algún momento, para asegurar que una política de ese tipo logre sus objetivos; y que se asigne esa responsabilidad a una institución externa que ofrezca recomendaciones para mejorar aún más.

Otros datos del Estudio

El Estudio sobre la Política Regulatoria de Chile de la OCDE contempla seis puntos de análisis:
1. Calidad regulatoria en Chile.
2. Adopción de una política regulatoria explícita de gobierno completo en países de la OCDE.
3. Áreas de responsabilidad de los órganos de supervisión.
4. Requisitos para la participación de las partes interesadas: regulaciones primarias y subordinadas.
5. Tendencia en la adopción de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) en todos los países de la OCDE.
6. Indicadores de política y gobernanza regulatoria: Chile.

En el informe se aclara que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile solicitó a la OCDE un estudio de la política regulatoria de Chile, en el marco de la Agenda Nacional de Productividad, Innovación y Crecimiento, con el objetivo de enriquecer el debate sobre cómo mejorar la calidad regulatoria en el país.

En línea con lo anterior, el estudio ofrece una evaluación y recomendaciones respecto de la gestión de política regulatoria, instituciones y herramientas del gobierno de Chile. Además, hace recomendaciones específicas en tres sectores, incluyendo el marco regulatorio para las pyme, regulación referente a los permisos de construcción y uso de suelo y el marco que permita establecer un gobierno digital.

Entre sus recomendaciones se consideran las siguientes propuestas:
- Comprometerse al más alto nivel político con una política expresa de gobierno completo para la calidad regulatoria.
- Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso regulatorio.
- Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los procedimientos y objetivos de la política regulatoria, apoyarla e implementarla.
- Integrar la Evaluación de Impacto Regulatorio a las primeras etapas del proceso de diseño de políticas públicas para formular proyectos regulatorios nuevos.
- Revisar de forma sistemática el inventario de regulación significativa.
- Publicar de manera periódica informes acerca del desempeño de la política regulatoria y los programas de reforma.
- Desarrollar una política que contemple el papel y las funciones de las entidades regulatorias.
- Revisar la legalidad y la justicia procesal de las regulaciones y decisiones que toman los órganos facultados para emitir sanciones en el ámbito regulatorio.
- Aplicar la evaluación, la gestión y las estrategias de comunicación de riesgos al diseño y la implementación de las regulaciones.
- Promover la coherencia regulatoria.
- Impulsar el desarrollo de capacidades y el desempeño de la gestión regulatoria en los órdenes subnacionales de gobierno.
- Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área.