Ante la Comisión de Educación, los representantes de las universidades estatales, plantearon la necesidad de que el Estado se haga cargo de las universidades a vísperas de que ingrese el proyecto al parlamento.
Como una forma de adelantar el debate sobre la reforma a la educación superior, la Comisión de Educación recibió al presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Ennio Vivaldi, y al vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, para que expusieran su visión en torno a esta iniciativa, que estaría próxima a ingresar.
Sobre los puntos centrales que esperan abordar, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, afirmó que es esencial que la nueva regulación abarque, a los menos, cuatro aspectos claves como, por ejemplo, el fortalecimiento de un sistema abierto de universidades del Estado, transparencia y fiscalización de recursos públicos en cualquier institución que no recibe trato igualitario, participación de los estamentos en cuerpos colegiados y financiamiento contra el cumplimiento de estándares de calidad y transparencia.
“Es importante reconocer lo que es una universidad pública, entender lo que son las universidades estatales y ser capaces de definir un trato entre el Estado y las universidades”, aseguró.
En la misma línea, Vivaldi acentuó que las universidades regionales deben preservar un carácter multidisciplinario e integrativo y que es natural que se esfuercen en ciertas áreas para constituirse correspondientemente en principales referentes nacionales.
Por su parte, Aldo Valle, vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, argumentó que para una buena reforma a la educación es necesario que el Estado, mediante las políticas públicas, promueva ciertos valores y virtudes del sistema de educación superior conjunto, que los recursos públicos se destinen a fines y propósitos de bien común y que la reforma distinga a aquellas instituciones de historia, contribución y servicio.
Asimismo, resaltó que debe haber un marco regulatorio eficaz y autónomo de las instituciones garantizada constitucionalmente, así como también, el reconocimiento de un sistema de provisión mixta caracterizado por la concurrencia de instituciones públicas y privadas, además de un Consejo de Rectores que sea interlocutor de la política pública y de los objetivos nacionales de educación superior, ciencia y tecnología.
Agregó que deben existir criterios para la asignación de aportes basales, para fines públicos, y un sistema de admisión con participación de la Subsecretaria de Educación Superior, fortalecimiento de las universidades regionales, además de un programa de expansión de la matricula en las casas de estudios que integran la oferta pública.
Insistió en la existencia y composición del Cruch en el nuevo sistema de educación superior y en que el Estado debe ejercer la potestad de establecer definiciones y estándares de calidad en educación superior; el establecimiento de una política nacional para el desarrollo de la ciencia, la cultura y la innovación, además de un fortalecimiento de las comunidades universitarias como condición básica de los gobiernos universitarios.
“La nueva institucionalidad debe incorporar como eje estructural la formación técnico-profesional, un nuevo régimen jurídico-administrativo para las universidades estatales y una política de gratuidad que debe ser de amplia cobertura, sin otra condición que las instituciones cumplan con la prohibición de lucro y demás regulación sobre calidad, transparencia y rendición de cuentas”, detalló.
Reacciones
El presidente de la Comisión, diputado Alberto Robles (PRSD), valoró iniciar la discusión con los rectores, ya que, aseguró, se hizo con altura de miras y buscando un mejoramiento para la educación superior a largo plazo. “Creo que fue un debate de mucha altura, donde los parlamentarios expusieron sus posiciones, tanto políticas como personales y la respuesta de los rectores, en ese sentido, fue muy franca y cordial. Creo que esa es la manera de debatir, instalar posiciones y defenderlas en términos de lo que vamos a construir como proyecto de ley”.
En cuanto a la fiscalización de los recursos, que ambos rectores plantearon, el legislador manifestó encontrarse de acuerdo con que exista una inspección. “Hoy día hay incentivos perversos que apuntan a una mercantilización de la educación más que a una educación con visión de Estado y, por lo tanto, ahí hay dificultades que hay que mirar. Creo que la reforma, también, tiene que poner énfasis en eso”, puntualizó.
En la misma línea, el diputado Rodrigo González (PPD) destacó ambas exposiciones y sostuvo que es importante construir un sistema de educación superior que reconozca a las universidades del Estado. “Debemos lograr que haya una regulación que permita la transparencia, el uso decente de los recursos públicos, que no exista lucro en este sistema y que los fondos públicos tengan la utilidad que deben llegar a tener y sobre todo que las universidades cumplan una función en el desarrollo nacional”.
Por su parte, la diputada María José Hoffmann (UDI) señaló que, si bien, existen muchos problemas en la educación pública, el llamado es a que la reflexión sea sin “anteojeras” y a entender que el fin público no es patrimonio de las universidades estatales y que las universidades privadas han jugado un rol importante en no ser pendulares, sino que en poner el eje en el estudiante y en las personas que eligen y necesitan. “Yo espero que de una vez por todas entendamos que estamos frente a un sistema mixto que tenemos que fortalecer y que tenemos que poner y cambiar las reglas para todas las instituciones, que ninguna es patrimonio absoluto de calidad, ni menos de un bien público porque todas ellas lo generan”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS