CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión de Minería será la encargada de estudiar el proyecto de ley (boletín 10638) que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), presentada por los diputados comunistas Daniel Núñez, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Guillermo Teillier, Karol Cariola y Camila Vallejo y el diputado Sergio Aguiló (IC).

Los legisladores subrayan la importancia estratégica del litio para nuestro país. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Chile tiene 7,5 de los 13 millones de toneladas de litio explotable a bajo costo. Cochilco estima que esta cifra representa el 21% de las reservas mundiales.

Pese a que, además, Chile cuenta con las mayores ventajas comparativas para la explotación, con los costos más bajos, ha sido desplazado como principal productor mundial por Australia, que prácticamente duplicó la capacidad instalada de la mina Greenbushes.

Los diputados consignan que entre los usos del litio se encuentran la fabricación de baterías recargables para vehículos eléctricos y reactores de fusión nuclear y el desarrollo de variadas industrias como la electrónica, la industria automotriz y de transportes, la energética.

Por ello, indica que "se hace necesaria una re-definición del rol del Estado en torno al desarrollo de la minería nacional del litio, en tanto que las decisiones que se tomen en torno a este mineral impactarían directamente en los empleos que se puedan generar o no, en los encadenamientos productivos y en el desarrollo industrial del país".

Soquimich

En los fundamentos de la moción se da cuenta además de la privatización de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), a partir de la dictadura; el ingreso de Patricio Contesse y Julio Ponce Lerou a la gerencia de la empresa y la eliminación en el Código Minero de la reserva del Estado en el aprovechamiento de los salares. "A su vez fue la dictadura cívico-militar que otorgó un plazo de 6 meses para que exclusivamente SQM y la Corfo fuesen los únicos que pudieran acceder a estos derechos", relatan.

En 1986, producto de una negociación colectiva con los trabajadores de SOQUIMICH, se da vida a la sociedad “Pampa Calichera”. En 1987 reaparece Ponce Lerou en el directorio de SQM y en septiembre ya era presidente de este. A finales de ese año Corfo tenía el 17,99% de la empresa y Pampa Calichera el 12,34% de los papeles. A su vez, Ponce Lerou y su círculo poseían el 17,5% de Pampa Calichera. "Ese mismo año Ponce Lerou avanza hacia el control total de SQM a través de la cooptación de la sociedad Pampa Calichera", agrega el texto, mencionando un documento de la Federación Nacional de Sindicatos del Salitre que señala que sujetos no identificados recorrieron los campamentos mineros, logrando que los trabajadores-accionistas entregaran poderes especiales que finalmente otorgarían la mayoría en el directorio a Julio Ponce Lerou.

También abordan el cuestionamiento público existente hoy hacia SQM (ex Soquimich) "debido a las prácticas sistemáticas que han quebrantado la legalidad".

Mencionan el caso Cascadas y el financiamiento irregular al sistema político. "En la medida que se conocen más antecedentes, queda en evidencia la condición de agente corruptor de SQM, como una empresa que defiende sus intereses económicos a través del ejercicio sistemático del soborno. La revelación del origen de uno de los artículos de la ley de royalty minero, que fue redactado de puño y letra de Patricio Contesse, demuestra la gravedad de la situación y el grado de intervención ilegal de SQM en el sistema político", afirman los diputados.

En ese sentido, plantean que "el propósito de esta moción al declarar de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio consiste en fijar expresamente un mandato normativo de mayor amplitud que oriente la política del Estado en función del resguardo del patrimonio de todos los chilenos y el desarrollo de un horizonte estratégico que sirva a las necesidades de las mayorías".

A la vez, la declaración de interés nacional de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Sociedad Anónima (SQM), al amparo del artículo 19 Nº 24, inciso tercero de la Constitución Política de la República, constituye a juicio de los legisladores "un acto soberano que habilita el comienzo del proceso de recuperación de una empresa estratégica para el desarrollo nacional", así como el inicio de un camino de reparación "de los enormes perjuicios al patrimonio nacional causados por aquellos que, por la vía de los hechos, se convirtieron en propietarios de SQM".

"Tal como se ha descrito más arriba, SQM no sólo ha provocado daños al Estado como consecuencia de una política de incumplimientos contractuales, sino que también se ha convertido en un verdadero símbolo del fenómeno de la corrupción, lo que convierte a la empresa en un socio inviable para Chile", concluyen los parlamentarios.