El texto legal, remitido a la Sala, describe entre las conclusiones la existencia de un confuso proceso de reubicación, acompañado del poco apoyo y falta de beneficios para los alumnos. Asimismo, entre las propuestas pide tomar una nueva acción legal, que apunte a condonar la deuda del CAE y realizar modificaciones a la institucionalidad y gobernanza, mediante una Superintendencia de Educación Superior.
Por unanimidad, la Comisión Investigadora por reubicación de exalumnos de la Universidad del Mar aprobó, este jueves 23 de junio, el informe final que incluye conclusiones y propuestas en relación a la responsabilidad que tiene el Estado en esta materia.
Según describe el texto, existió un confuso proceso de reubicación, acompañado de antecedentes que dan cuenta de la responsabilidad que tienen las autoridades a cargo de dichas competencias, seguido de la falta de voluntad, que según señalaron los diputados, hubo en la reubicación de los alumnos a otras instituciones.
En este contexto, el presidente de la Comisión, diputado Gaspar Rivas (IND), sostuvo que “se logró obtener una conclusión satisfactoria, en términos de que se dilucidó el importante grado de negligencia en el que incurrieron los organismos encargados del proceso de reubicación”.
Asimismo, el parlamentario agregó que, además, se llegó a la conclusión de que se necesita cambiar, modificar y mejorar la orgánica, así como, también, la institucionalidad y gobernanza del Ministerio de Educación en lo que se refiere a los temas atingentes de esta situación.
“Se le ha solicitado al Estado que, teniendo en cuenta que la acreditación de la Universidad del Mar se consiguió en base a sobornos y cohechos, se deben buscar todos los mecanismos necesarios para poder llegar a la extinción del pago de las deudas que tienen hoy los alumnos que no tuvieron la prestación de servicio educacional, relativos al Crédito con Aval del Estado”, argumentó.
En otro aspecto, el legislador manifestó que, “hubo una desprolijidad profunda en el proceso de reubicación que, finalmente, redundó en el perjuicio de miles de alumnos y alumnas, de manera tal que el Estado no puede desentenderse de la responsabilidad que le cabe en toda esta situación”.
Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD) coincidió en la responsabilidad que recae sobre el Estado en cuanto al proceso de reubicación de los alumnos. “No respondieron a la altura, primero porque muchos de los alumnos se reubicaron por su cuenta y segundo, porque intervinieron con la idea de mantener las mallas curriculares que tenía la U. del Mar en otras instituciones donde ni siquiera existían las carreras”.
En esta línea, la legisladora detalló que “la decisión fue mala, primero, para el Estado, porque gastó mucho dinero y también para los jóvenes que están siendo obligados a salir con el título de la misma universidad, que es lo que hoy les está afectando”.
En cuanto a las propuestas, la parlamentaria señaló que se planteó enviar al Consejo de Defensa del Estado un informe para tomar una nueva acción legal que apunte a condonar la deuda del CAE, así como, también, realizar cambios profundos al sistema de acreditación, otorgando un proceso continuo y de excelencia. “Nuestro país necesita un sistema que asegure la educación superior a los alumnos”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS