CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Los participantes de la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, e-Parliament, coincidieron en que el modo en que las personas pueden acceder a la información se produce cada vez más en formato digital, y analizaron nuevas formas de comprometerse con la transparencia en normas y prácticas legislativas.

El panel sobre el compromiso con la Transparencia, realizado el miércoles 29 de junio, contó con las exposiciones del senador chileno, Hernán Larraín; Hajer Bouzemmi, diputada de la Asamblea General de Representantes del Pueblo de Túnez; Robert Reeves, secretario adjunto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y María Barón, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo de Argentina.

Para abrir el debate, el senador Larraín expuso sobre la experiencia del Congreso Nacional chileno y las redes internacionales que se han formado para avanzar en fortalecer la transparencia.

Expresó que en el mundo está en una época de cambio donde las instituciones no están respondiendo a las demandas ciudadanas y manifestó que en Chile existe hoy una crisis de representatividad, donde las instituciones están desacreditadas, principalmente la política y el parlamento.

Por eso, se trabaja en recuperar la apertura institucional, con la entrega de información de lo que ocurre, con acceso de los ciudadanos al funcionamiento en la toma de decisiones de instituciones como el Congreso.

"Hemos desarrollado en el Congreso Nacional un trabajo conjunto entre la Cámara de Diputados y el Senado, a través de una Comisión Bicameral. Es un esfuerzo significativo, no sólo una legislación avanzada en materia de transparencia, de acceso a la información, rendición de cuentas, de declaración patrimonio e intereses, de lobby para que no haya presiones indebidas; que permiten que Chile este poniéndose al día en estas materias. De modo que los ciudadanos puedan sentirse más confiados en las instituciones”.

Además, el senador Larraín recalcó que el propósito de estas iniciativas es buscar la mayor participación posible. "Sin información no hay participación, se debe asegurar y evitar conflictos de interés y lograr mayor efectividad en la respuesta de los órganos institucionales a demandas sociales”.

Finalmente, recordó que Chile ha generado redes interparlamentarias, que hoy son parte de Parlaméricas, asociada a la OEA y formada por 35 países de América, presidida por Chile.

Posteriormente, la diputada de Túnez, Hajer Bouzemmi, expuso sobre la importancia de las tecnologías de la información en los gobiernos y parlamentos. La legisladora se refirió a los aspectos normativos, mediáticos y de redes sociales.

En primer lugar, explicó que en la nueva Constitución de su país se establece el derecho al acceso a la información de documentos y como parlamento tienen como objetivo garantizar a cualquier persona la obtención de dicha información, lo que refuerza la transparencia y la gestión del servicio público.

En el aspecto mediático, las sesiones plenarias de Túnez son transmitidas por cadena pública, también el sitio web informa de la sesiones plenarias y las actividades del Presidente de la Asamblea y de los diputados e, igualmente, se suben videos a Youtube.

En cuanto a redes sociales se utiliza facebook para los representantes oficiales y sus datos personales. Y se dispone de una cuenta twitter.

La experiencia norteamericana

Robert Reeves, Secretario Adjunto de la Camara de Representantes de Estados Unidos, se explayó en como el personal está implementando lo que desean los miembros del Congreso.

Así, en la Cámara se aprobó en 2011 mayor transparencia y accesibilidad a los documentos legislativos, con la intención de colocar la distribución electrónica a la par con la impresión tradicional. Un año después, se revisó una mayor difusión de la información del Congreso a través de la descarga masiva de datos por grupos no gubernamentales que apoyan la apertura y la transparencia en el proceso legislativo. Se optó por realizar una evaluación por seis meses y se presentaron, posteriormente, propuestas al Congreso.

Este grupo de trabajo es una alianza de representantes de las distintas agencias de la rama legislativa como: Casa de Representantes, Senado, Biblioteca del Congreso, Oficinas de Publicaciones y de Contabilidad del Gobierno, y grupos de la sociedad civil.

Reeves explicó que en estándares técnicos se pasó de XML a USML, que es un nuevo esquema y nuevo código compatible con Akoma Ntoso, estándar internacional para los documentos parlamentarios, legislativos y judiciales, que actualmente pasan por el proceso de normalización OASIS.

En los últimos años se crearon dos sitios HouseLive.gov que contienen videos con resúmenes del debate en la Sala y Congress.gov, que proporciona acceso a parlamentarios, personal y público en general. Igualmente un sitio web de la oficina de publicación del gobierno que contiene información del Congreso.

El representante de la Cámara estadounidense dijo que, cuatro años más tarde, el grupo creado para trabajar por seis meses ha tenido éxito con los proyectos completados, siguen aportando ideas, y han establecido diálogo con los grupos de la sociedad civil.

Sociedad Civil

Finalmente, la argentina María Barón, del Directorio Legislativo, explicó que en América Latina existe alta participación de las organizaciones de la sociedad civil y, entre ellas, mucha conectividad. Es una red formal de participación facilitada por la idiosincrasia, culturas, presupuestos y problemáticas muy similares entre los distintos países. Agregó, que existe apoyo, proyectos en conjunto e iniciativas a materializar.

Dependiendo del país y gobierno de turno, añadió, las demandas y propuestas de la sociedad civil son acogidas y hay un compromiso de las organizaciones por empujar nuevas legislaciones.
De este modo, relevó, uno de los productos que han desarrollado es el Índice de Transparencia Legislativa, que se aplicó en 2012, 2014 y 2016, para medir los avances en los parlamentos.

Concluyó indicando que en la evaluación regional sobre la Ley base de transparencia de acceso a la información pública, sólo faltan cuatro países que la implementen: Argentina, Venezuela, Bolivia y Costa Rica.