Por medio de dos resoluciones, los diputados buscan combatir una problemática familiar que se inserta en el seno del núcleo familiar y que, aseguran, se ha denominado un verdadero cáncer social.
Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resoluciones 626 y 627 que piden a la Presidenta de la República, por un lado buscar los mecanismos necesarios para establecer una jurisdicción competente para decretar medidas de protección a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar, además de garantizarles un adecuado acceso a la justicia.
Ambas resoluciones fueron presentadas por un grupo transversal de diputados compuesto por Marcela Hernando (PRSD), Cristina Girardi (PPD), Iván Flores (DC), Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Marcela Sabat (RN), Claudio Arriagada (DC), Andrea Molina (UDI) y José Pérez (PRSD).
En el texto, la primera de ellas señala que existe una problemática latente que requiere intervención pronta por parte de la legislatura y que se refiere a la competencia para decretar medidas de protección.
Sobre esto los parlamentarios precisaron que existen casos que exponen una dualidad de jurisdicción presente en la legislación. “La Ley 20.066, por su parte, establece que los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento establecido en la Ley 19.968”, indicaron.
Agregaron que, por un lado, es competente para conocer de los asuntos de violencia intrafamiliar que no sean constitutivos de delito el Tribunal de Familia en cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado. Mientras que, por otro lado, añadieron que el juez con competencia en materia penal será competente para decretar dichas medidas cuando los actos realizados configuren el delito de violencia intrafamiliar.
“Esta controversia de competencia puede resumirse de la siguiente manera: será el juez de familia del domicilio del afectado, si los hechos no son constitutivos de delitos. Si los hechos revisten caracteres de delito es competencia de los juzgados con competencia penal, aplicándose este procedimiento, con las modificaciones al art 13 y siguientes de la Ley 20.066”, detallaron.
Asimismo, manifestaron que, frente a la problemática de cómo calificar hechos en los cuales exista una incertidumbre a propósito de si estos constituyen o no delito, dicha problemática se traduciría en problemas de competencias entre dos jueces distintos. “Por un lado, el juez de familia remitiría los antecedentes al juez penal aludiendo que dichos hechos califican como delito, mientras que, por otro lado, el juez penal se excepcionaría señalando que es competente el juez de familia, pues el hecho en cuestión no es suficientemente gravoso”, resaltaron.
Finalmente, los legisladores sostuvieron que es absurdo que en materia de VIF, exista eventualmente una dualidad de competencias, porque entorpecerá el procedimiento, en desmedro de la seguridad de las víctimas y sus familias. Por lo que proponen unificar la competencia actualmente existente en materia de violencia intrafamiliar.
Garantías de acceso a la justicia
La segunda petición plantea adoptar medidas para garantizar el adecuado acceso a la justicia a las víctimas de violencia Intrafamiliar.
Al respecto los diputados postulan que es necesaria la creación de unidades policiales especializadas en cada comisaría, con dedicación exclusiva en materias de violencia intrafamiliar. “Se trataría de funcionarios policiales con instrucción y técnicas especializadas en el seguimiento de este tipo de casos, que se dediquen como función primordial a la fiscalización de las medidas cautelares decretadas a favor de la víctima”, acotaron
Además, añadieron la idea de crear protocolos de seguridad y protección de las víctimas que involucren transversalmente a todos los actores sociales (víctimas, policías, Ministerio Público y Tribunales). Esto con la finalidad de posibilitar una rápida respuesta, ante cualquier incumplimiento de la medida decretada.
Finalmente, recalcaron que es importante realizar una planificación de políticas de educación y prevención tendientes a disminuir la violencia intrafamiliar en Chile. “Estas deben traducirse en destinación de recursos tendientes a la tratativa de la temática de la violencia intrafamiliar, su exposición como problemática nacional y las maneras de prevenirlas”, remataron.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS