CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con la presentación del coordinador de la parte acusadora, diputado René Saffirio (IND), y de uno de los constitucionalistas convocados por ellos, se dio inicio a las audiencias de la Comisión Especial encargada de analizar la acusación en contra de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, por supuestas infracciones cometidas en su ejercicio ministerial relativas a problemáticas vinculadas al Servicio Nacional de Menores (Sename).

El diputado René Saffirio inició su exposición refiriéndose al concepto de acusación constitucional, sus características y parte de su historia como institución en el Estado de Chile, remarcando en este ámbito que esta figura busca hacer efectiva responsabilidades políticas que no necesariamente tienen una equivalencia con responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Afirmó que, desde comienzos de la administración de la acusada (el 11 de mayo de 2015) hasta la fecha de esta acusación se han presentado una serie de problemáticas de gestión, manejo de la información y ejecución de medidas relacionadas con los continuos casos de muertes de niños, niñas y adolescentes al interior de centros dependientes del Sename, que dejan el tema en un ámbito de incertidumbre.

Indicó que, desde 2010 a la fecha, han muerto 610 menores y mencionó diversos casos a modo ilustrativo de niños y niñas que fallecieron en circunstancias extrañas en centros dependientes del Sename. En este marco, también criticó que, solo hacer dos semanas, la Ministra Blanco firmó un convenio con su par de Salud, para hacer un levantamiento sobre el estado físico y mental de los ocho mil trescientos menores del sistema.

Luego, se refirió a los tres capítulos contenidos en el libelo y llamó a los miembros de la Comisión a no dejarse llevar por razones político-partidistas, sino a pensar en el interés superior de niños, niñas y adolescentes. "Es a lo que convoco a esta Comisión", remarcó.

Por su parte, el abogado de la parte acusadora, Abraham Valdebenito, señaló que la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, atendiendo su mandato legal, faltó inexcusable al cumplimiento de sus deberes, particularmente al no realizar un adecuado control jerárquico de las instituciones dependientes de su cartera.

Planteó que resulta insólito que la Secretaria de Estado que tiene como misión presidir una instancia de coordinación interministerial en materia de DD.HH. haya incumplido inexcusablemente sus funciones en aras de tutelar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes a cargo del Sename.

"Estimamos que el control jerárquico que debe ejercer la Ministra sobre sus organismos dependientes debe ser aún más estricto por la orientación en DD.HH.", puntualizó.

Jaime Bassa

El abogado y profesor constitucionalista Jaime Bassa planteó que una acusación constitucional buscar ejercer un control de tipo político y no jurídico, aunque se presente un marco legal para funcionar. Sostuvo que los conceptos jurídicos involucrados son indeterminados, dejando así un margen a la interpretación que debe ser resuelto por los organismos competentes para controlarla (Comisión y Salas).

Respecto de la presente acusación, evaluó que es evidente que el Ministerio está en una situación crítica, con un modelo de gestión institucional que parece agotado, particularmente en lo relativo al sistema de protección a la infancia vulnerable, que no viene funcionando eficientemente.

Ahora, sobre los capítulos del libelo, consideró que el primer punto debe ser desestimado, por cuanto la figura de la facultad de fiscalización contemplada (oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados) contempla un eximente de responsabilidad constitucional específico.

En relación a haber dejado leyes sin ejecutar (capítulo dos), por no haber ejercido un efectivo control jerárquico, o haber incurrido en un incumplimiento de los tratados internaciones que estarían dañando gravemente el honor de la nación chilena (capítulo tres), estimó que "la conexión no es evidente".

Dijo que, por ejemplo en el primer caso, el juico argumentativo debe ser más global para determinar cómo esa responsabilidad se verifica en el eventual control jerárquico mal realizado. Recordó que el problema no se trata de una gestión particular de la Ministra, sino de cómo el Estado trata a los colectivos vulnerables. "No es solo responsabilidad de la Ministra, esto lleva décadas así", agregó.

Observó que, efectivamente, a diferencia de muchos Estados de la orbe y pese a que Chile ha suscrito compromisos internacionales sobre la materia, no hay normas en la Constitución que reconozcan los derechos de los niños. "Chile está por debajo del estándar de protección internacional, creo que eso es evidente. Ahora, ¿eso compromete gravemente el honor de la Nación? Yo creo que no", afirmó.

Además, dijo que también el tema acá es dilucidar si ello es responsabilidad de la Ministra. "Aquí no hay una acción directa de una Ministra responsable de una cartera de lo cual tengamos un escenario distinto, del honor de la nación, antes y después de la conducta. Es el Estado en su diseño institucional que está atrasado", puntualizó.

Finalmente, llamó a aprovechar esta instancia para abordar el tema de fondo y avanzar en un mejor sistema de protección a la infancia vulnerable.

Cabe mencionar que la Comisión se volverá a convocar el próximo jueves 25 de agosto, de 09:00 a 11:00 horas, teniendo como invitados a los siguientes abogados constitucionalistas: Patricio Zapata, Víctor Manuel Avilés, Miriam Henríquez y Francisco Zúñiga.

Además, el abogado de la defensa de la Ministra Blanco, Jorge Correa Sutil, informó que la Secretaria de Estado estaría en disposición de realizar su exposición el lunes 29, aunque adelantó que se evaluará la posibilidad de adelantarlo para el viernes 26.