CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Tres profesores de derecho constitucional entregaron hoy su opinión en torno a la acusación en contra de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, por supuestas infracciones cometidas en su ejercicio ministerial relativas a problemáticas vinculadas al Servicio Nacional de Menores (Sename).

Ante la Comisión Especial encargada de analizar el tema, instancia que preside la diputada Karol Cariola (PC), los académicos dijeron empatizar con los propósitos de bien público que impulsaron a los redactores de la acusación, pero remarcaron que su participación debe ajustarse a observaciones jurídicas, objetivas y técnicas.

El abogado constitucionalista Patricio Zapata, resaltó que la acusación constitucional es el arma más poderosa que dispone el Congreso Nacional, que lo posibilita a destituir e inhabilitar a casi todas las altas magistraturas, por lo cual es necesario actuar, imperativamente, con moderación, responsabilidad y restricción. Precisó que dos circunstancias justifican particularmente esta situación:

-Porque un mal uso de la herramienta podría comprometer el sistema presidencial chileno, ya que se podría presentar meramente para manifestar un desacuerdo con la gestión de un ministro en particular.
-Porque la consecuencia de la acusación afecta un derecho fundamental, cual es la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

Respecto de los capítulos de la acusación, planteó que no sería un error presentar una acusación frente un incumplimiento reiterado y deliberado de las obligaciones de respuesta ante la fiscalización de la Cámara de Diputados, pero estimó que es complejo que una diferencia respecto del oficio mandado por el director de Sename sea motivo para acusar falta a la probidad. "Encuentro débil esta primera causal que se invoca", precisó.

Asimismo, consideró que "es complejo fundar una acusación constitucional sobre la base de un incumplimiento de lo que podríamos llamar normas bien generales, que no imponen deberes concretos, sino que imponen una misión". Consideró que se debieran preferir siempre "aquellas acusaciones en que se imputa a la persona no cumplir con una regla legal clara, concreta, que impone una obligación de hacer o no hacer", reconocible objetivamente por todos.

Sobre la tercera causal, señaló que no basta que se trate de conductas que apunten a una mala imagen, a un bochorno. Detalló que comprometer gravemente el honor de la nación chilena no alcanza a las indudables fallas que exhibe nuestro sistema de protección de menores, ni menos imputárselas a una autoridad concreta.

Miriam Henríquez

La académica de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, sostuvo que la presente acusación constitucional no cumple con los requisitos establecidos para su procedencia, pues las razones en que pretende fundarse no se asemejan a ninguna causal constitucional.

Remarcó que la acusación fundada en la causal de dejar las leyes sin ejecución es improcedente, "puesto que en realidad lo que se le imputa es una responsabilidad por hechos de terceros y la responsabilidad constitucional de los Ministros de Estado es personal y directa". Planteó, asimismo, que no se fundamenta la acusación en el punto de que la Ministra no concurrió a la interpelación o ante la comisión especial investigadora, o frente a que no dio respuesta a las preguntas y consultas que se le formularon, o por no haber entregado las informaciones y antecedentes que se les solicitaron. "Es improcedente, pues ambas obligaciones categóricas fueron cumplidas", sentenció.

Finalmente, sostuvo que la acusación fundada en la causal de haber comprometido gravemente el honor de la nación se ha interpretado en un sentido amplio por quienes acusan, haciéndola análoga a la responsabilidad internacional del Estado, que tampoco se ha configurado. "Por tanto, es improcedente. Como se dijo las causales de procedencia se interpretan en un sentido restringido", puntualizó.

Víctor Manuel Avilés

El profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Víctor Manuel Avilés, también resaltó el carácter excepcional de la medida, su importancia en el actual sistema presidencialista del país y la relevancia de las sanciones para los afectados.

En relación a la actual acusación, dijo que el libelo acusatorio tiene un planteamiento erróneo desde su visión, ya que plantea que es un juicio político, cuando se trata de un juicio de responsabilidad jurídica y constitucional. Además, remarcó que las acusaciones no deben responder por un problema histórico que tenga Chile en relación a la forma en que ha tratado a sus niños en el Sename, sino que a hechos que sean personalmente imputables a la Ministra Javiera Blanco.

Frente a la primera causal, donde se le imputa a la Ministra falta de honestidad al entregar a sabiendas falsas cifras, estimó que se deben requerir pruebas que le imputen directamente los hechos, es decir, que ella haya incurrido en la falsedad. Dijo que la autoridad puede ser acusada jurídicamente por falta de honestidad al responder las preguntas de la Cámara de Diputados, pero sostuvo que debe probarse que hubo falsedad de parte de ella y no solo un mero error subjetivo, ni menos aún un error imputable a terceras personas.

Resaltó que, sobre el capítulo segundo, no es prueba que constituya la causal el hecho que se estime de parte de los acusadores que las respuestas fueron evasivas o poco claras respecto de la actividad y diligencia desempeñada por la señora Ministra al momento de solucionar las objeciones que planteó la Contraloría. "Lo que debe probarse efectivamente es si la Ministra ha ejercido la facultad de control jerárquico de sus subordinados: solicitar los informes, aplicar los sumarios, eso no está para nada claro en el contenido de hechos que están descritos", enfatizó.

Sobre la tercera causal, consideró que los hechos ciertamente afectan a Chile, pero remarcó que ello no implica necesariamente un compromiso de parte del Estado o de la nación chilena, aún menos de carácter gravísimo, como lo exige la Constitución. "Creemos que esta casual, derechamente, es una causal improcedente", acotó.

Al término del encuentro, tanto la presidenta Karol Cariola como el resto de los integrantes de la Comisión (Iván Flores, Gonzalo Fuenzalida, Issa Kort y Leonardo Soto) agradecieron los aportes entregados por los académicos y, particularmente, su claridad y objetividad al analizar los diferentes puntos.

El diputado Soto postuló que “los tres expertos tuvieron adjetivos muy similares respecto de la acusación constitucional. Las palabras que más se repitieron fueron que era una acusación débil. Es decir, que no tenía mucha consistencia en su argumentación. Incluso, algunos de ellos dijeron que era improcedente, que en lo formal no cumplía con el requisito mínimo para ser considerada una acusación constitucional”.

Añadió que los tres invitados tienen distintas miradas políticas, pero coinciden que existe cierta debilidad en la acusación constitucional desde la partida.

Por su parte, el diputado Fuenzalida manifestó que tras escuchar a los profesores, "claramente de los tres elementos que tiene la acusación constitucional, pareciera ser que solamente uno de ellos es el que tiene fuerza, que es infracción a las leyes y por eso vamos a esperar con mucha ansia la defensa de la Ministra el día lunes".

"De las tres causales, la Ministra Blanco tendrá que acreditar si en ese control jerárquico actuó con la debida diligencia, con celo o simplemente no hizo nada" y por tanto, cuando presente su defensa será la ocasión para clarificar si actuó motivada por solucionar estos temas.

El grupo parlamentario se volverá a convocar el próximo lunes 29, a las 9:30 horas, para la exposición de la defensa de la Ministra Javiera Blanco.