CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

En primer lugar, la instancia legislativa entregó su respaldo al proyecto que modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, para efectuar una distinción, en materia de determinación de las penas aplicables, en función de la edad del infractor.

El texto legal se fundamenta en el caso de Joaquín Fernández Cáceres, estudiante de 18 años de edad, quien fue asaltado y asesinado el 07 de septiembre de 2016, presuntamente por un adolescente de 16 años.

El objetivo es actualizar la legislación vigente, pues el proyecto considera que los jóvenes de más de 16 años tienen la madurez suficiente para determinar sus acciones.

El impulsor del texto legal, que será visto próximamente en Sala, diputado Issa Kort (UDI) detalló que "se trata de un gran paso para la ley Joaquín, pues la realidad penal adolescente en Chile es terrible, ya que ellos creen que delinquiendo pueden satisfacer sus carencias sociales. Y eso no es así."

"Lo que nosotros buscamos, explicó el diputado, es que el joven sepa que tendrá una sanción dura y drástica a la hora de cometer el delito. También entregamos a los jueces herramientas para que ellos puedan impartir justicia como corresponde"

El legislador de la UDI explicó que con esta iniciativa "lo que hacemos, por ejemplo, es que el juez no podrá otorgar libertad simple. Si quiere entregar libertad a un joven entre 16 y 18 años deberá ser libertad asistida". En segundo lugar, los jueces no podrán otorgar simples libertades sin emitir informe. Sobre todo para los jóvenes reincidentes, acotó, quienes van a saber que no sólo van a cumplir una sanción sino que además ésta será respaldada por un informe del juez con los argumentos de su decisión".

Leticia Cáceres, madre de Joaquín Fernandez, manifestó su emoción por el avance del proyecto y afirmó que "esto fortalece el movimiento que se ha impulsado en torno al caso de su hijo y de otras personas que han sido cruelmente asesinadas por delincuentes".


Delitos terroristas

En un segundo punto, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó y envió a Sala el proyecto de ley que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

En sus antecedentes, el texto indica que, con el propósito de potenciar las investigaciones del ente persecutor y dotarlas de mayor eficacia desde el punto de vista condenatorio, es conveniente incorporar el agente encubierto y el informante, en términos similares a la ley 20.000.

Al respecto, el diputado Daniel Farcas (PPD) señaló que el texto legal "se enmarca en lo que ocurre en el sur del país, donde por desgracia, hay grupos que argumentado una causa justa utilizan medios que son absolutamente reñidos con la moral y la ética, como es el terror".

El parlamentario destacó que "es por eso que es tan importante esta legislación que permite los agentes encubiertos y que evidentemente hace un símil con otras leyes como la ley 20.000, que persigue el narcotráfico, estableciendo algunas maneras para que las fiscalías puedan investigar y otorgándole facultades a los fiscales para que en su labor puedan llegar a los culpables".

Lo que ha pasado hasta ahora, describe el parlamentario del PPD, es que "muchas veces los fiscales no establecen los delitos como terrorismo, porque la posibilidad de que esas personas sean juzgadas y condenadas es muy baja. Por eso lo que hacemos hoy es entregar esa facultad a los fiscales para que en función de ello tengan las posibilidades de establecer, por supuesto, a las personas que cometen esos delitos generando situaciones que en nada contribuyen al bienestar de la zona y que tampoco ayudan a la legítima causa mapuche".