Entre las normas se establece que, en hospitalizaciones voluntarias de más de 60 días o involuntarias de más de 90, siempre se produzca un control judicial que cautele los derechos de la persona que es víctima de una enfermedad o discapacidad mental. Además, se reconoce el derecho de requerir la opinión de los menores cuando son objeto de un tratamiento, de acuerdo a su grado de conocimiento o de desarrollo psicológico.
Tras varias sesiones de debate y análisis junto a expertos, la Comisión de Salud despachó dos mociones refundidas que tienen como objetivo aumentar la protección para personas con problemas de salud mental.
Las iniciativas tienen dos focos de atención. Por un lado, el propuesto por la diputada Marcela Hernando (PRSD), que pretende cautelar y especificar cuáles son los derechos de las personas con patologías de salud mental.
“Muchísima gente era de la tesis de que habiendo una ley que habla de los derechos y deberes de los pacientes no debería hacerse una distinción respecto de esta población porque debería aplicársele aquella. Sin embargo, existen razones por las cuáles los psiquiatras hoy día tienen la potestad y también las secretarias regionales de salud de hospitalizar a alguien por razones que no solo son técnicas o médicas, muchas veces son sociales”, explicó la integrante de la instancia legislativa.
La otra moción refundida, del diputado Sergio Espejo (DC), pretende normar la hospitalización involuntaria de las personas con problemas de salud mental.
El parlamentario explicó que “se crea un procedimiento para controlar judicialmente las hospitalizaciones involuntarias, para evitar que estas se produzcan sin respetar los derechos de quienes sufren esta enfermedad o discapacidad”.
La propuesta define un estatuto de derechos para toda persona que padezca una discapacidad mental, siendo el primero de ellos no poder ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.
A su vez, queda expresamente prohibido realizar intervenciones quirúrgicas involuntarias e irreversibles en las personas que tengan este tipo de condición, como es el caso de la esterilización o determinadas neurocirugías.
La diputada Karla Rubilar (IND) explicó que, hoy, todavía existe la posibilidad de generar procedimientos de esterilización, de internación involuntaria y tampoco estaba todo bien regulado para los estudios de investigación clínica.
Relató que, "en el proyecto queda claro que quiénes deben velar por las internaciones involuntarias, garantizando que sea por diagnósticos y no por temas sociales que no tienen nada que ver con resguardar la integridad de los pacientes". Para esto, acotó, se suma al procedimiento el Poder Judicial.
La norma establece que, en hospitalizaciones voluntarias de más de 60 días o involuntarias de más de 90, siempre se produzca un control judicial que cautele los derechos de la persona que es víctima de una enfermedad o discapacidad mental.
Además, se reconoce en la propuesta el derecho de requerir la opinión de niños, niñas y adolescentes cuando son objeto de tratamiento de acuerdo a su grado de conocimiento o de desarrollo psicológico.
También se garantiza el derecho de los padres o familiares a acompañar a sus parientes que tengan una enfermedad mental o una discapacidad durante el proceso de tratamiento.
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