CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El aumento fue propuesto por el diputado PPD Enrique Accorsi, en el contexto del proyecto del Ejecutivo (boletín 5947) que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, nuevo servicio público a cargo de la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental: resoluciones de calificación ambiental; medidas de planes de prevención y descontaminación; normas de calidad y de emisión, cuando corresponda; y planes de manejo.

La norma original enviada al Congreso establecía un catálogo único de sanciones para un conjunto de materias susceptibles de incumplimientos, divididas en tres tipos de infracciones: leves, graves y gravísimas. A su vez, se determinaba que las sanciones podían ser: amonestación por escrito; multas de una a diez mil unidades tributarias anuales (entre $451824 y $4 mil 518 millones); clausura temporal o definitiva; y la revocación de la resolución de calificación ambiental.

En la última sesión celebrada por la comisión, que preside la diputada PS Denise Pascal, la mayoría concertacionista decidió apoyar la propuesta de Accorsi de elevar las multas a un rango que va entre cinco Unidades Tributarias Anuales ($2259120) y 50 mil UTA ($22 mil 591 millones).

"En el día de hoy abordamos el tema de las sanciones. Consideramos que, en algunos aspectos, la definición de gravísimo y grave pasa a ser inocua si las multas son mínimas. Como, por ejemplo, puedo calificar algo de gravísimo y darle una multa que a la empresa le dará lo mismo pagar", explicó la diputada Pascal.

La legisladora indicó que, además, conjuntamente con la aplicación de multas más severas, se ha aprobado el criterio de posibilitar el cierre de faenas para aquellos infractores reincidentes, hasta que se corrija el 100% de aquello que motivó la multa.

Según indicó, en marzo se terminará de aprobar este capítulo de la Ley, dado que quedó pendiente una adecuación normativa entre la nueva consideración de sanciones con el resto del articulado. "En la próxima sesión sólo habría que votar la coherencia de los mismos y, de ahí, si todo va bien y continúa el trabajo como se ha ido desarrollando, podríamos estar despachando a finales de marzo, desde la Comisión, la nueva institucionalidad Medioambiental y la Superintendencia", sentenció.

Otra novedad introducida por el oficialismo es la consideración del "riesgo ambiental". "Mientras que las indicaciones que presentó la Alianza tenían que ver con las sanciones al daño ecológico ya producido, nosotros aprobamos una idea de prevención. Es decir, sancionar cuando haya riesgo de daño ambiental y de daño a la salud de las personas", informó el diputado Accorsi.

Según explicó el parlamentario, no se trata de sancionar "hipótesis", por cuanto las consideraciones de la Superintendencia se basarían en antecedentes científicos concretos. "Si se tiene una planta de petcoke, por ejemplo, se sabe lo que produce y los efectos que puede tener esa planta la salud de las personas y para el medioambiente. Entonces, con esta ley se obligaría a tomar todas las preocupaciones del caso para que ese daño no se produzca", explicó.

Oposición

Sin embargo, no todos los sectores estuvieron de acuerdo con la rigidización de la normativa medioambiental. Los representantes de la Alianza votaron en contra de dichas propuestas por estimarlas "excesivas".

"Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad y, en términos generales, el proyecto nos parece positivo. Ahora, respecto de las multas, yo soy partidario de elevarlas, pero no al nivel que se estableció, porque lo que se hace es, en definitiva, paralizar la industria", enfatizó el diputado RN Francisco Chahuán.

El legislador también lamentó que se impusiera en la ley un criterio que sanciona tanto la comisión de un delito medioambiental, como la expectativa del mismo, difícil a su juicio de anticipar. "Es un tema que creemos preciso revisar. Nosotros perdimos nuestras indicaciones, pero las vamos a reponer en la Sala", anticipó.

Lunes 26 de enero de 2009