La instancia parlamentaria aprobó esta iniciativa presentada por el Ejecutivo que establece una norma que regula los casos y el procedimiento al que debe recurrir la Administración Tributaria para acceder a la información bancaria sujeta a reserva o secreto con el fin de evitar la evasión. El texto legal será visto en la Sala este miércoles.
De este modo, el proyecto de ley (boletín 6477) al cual el Gobierno le presentó una indicación sustitutiva, establece que la justicia ordinaria podrá autorizar el examen de informaciones relativas a las operaciones bancarias de personas determinadas, sujetas a secreto o reserva, en el caso de procesos relacionados con delitos tributarios.
La iniciativa también señala que el Servicio de Impuestos Internos (SII) también podrá requerir la información bancaria de determinados contribuyentes que resulte necesaria para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o la falta de ellas, en su caso, así como para otros requerimientos de información que solicite el Servicio, los cuales se detallan en el proyecto.
La aprobación de esta iniciativa además es un requisito para que Chile ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo cual la presidenta de la instancia, diputada PPD Laura Soto, valoró el avance y dijo que “con esto estamos cumpliendo con las exigencias que nos está haciendo la OCDE, las que buscan que en nuestro país haya mayor transparencia en este sentido”.
La parlamentaria sostuvo además que con este proyecto “se establece también una posibilidad para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda pedir aleatoriamente o de algún modo las cuentas de los clientes, pero teniendo el contribuyente la posibilidad de decir que no y recurrir al Tribunal”.
En tanto el diputado DC Jorge Burgos, dijo que con esto se que le va a permitir al SII tener un instrumento de combate duro a la evasión tributaria, “primero pidiéndole al banco antecedentes sujetos a secreto bancario que los va a entregar cuando tenga la voluntad del contribuyente así expresada, y si eso no ocurre, si el contribuyente dice 'no quiero simplemente', esto lo va a resolver la Justicia”.
El legislador además aclaró que el proyecto no significa una cuestión prejudicial porque no está investigando un delito, y agregó que “investigar un delito hoy día se puede hacer, para eso están los Jueces de Garantía, aquí simplemente estamos viendo la consistencia entre las declaraciones y los ingresos de la persona”, por lo que sostuvo que por eso es muy importante que el SII cuente con la información de las cuentas corrientes de las personas.
La Subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, quien participó activamente en la discusión de la iniciativa, señaló que el espíritu de este proyecto siempre fue normar y proteger a los contribuyentes de un posible abuso de parte del SII, pero también permitir a la Autoridad Tributaria recabar la información necesaria para demostrar si un contribuyente cumple con sus obligaciones. “No nos olvidemos que el pagar los impuestos es una obligación de todos los chilenos, en donde no pueden haber privilegios”, recalcó.
La representante del Ejecutivo señaló además que las indicaciones presentadas durante la sesión sólo ayudaron a mejorar la indicación sustitutiva presentada anteriormente y que junto con ello, "se aclaró mediante el término “indispensable”, en que el juez tendrá que definir si es indispensable para el SII contar con la información para poder verificar algo”.
Contenido del proyecto
La iniciativa señala que la información secreta obtenida por el SII, tendrá el carácter de reservada y sólo podrá ser utilizada por el Servicio para establecer la veracidad de las declaraciones de impuestos, para el cobro de los impuestos adeudados y para la aplicación de las sanciones que procedan. Asimismo, los funcionarios del SII que tengan acceso a esta información tendrán la obligación de hacer un uso reservado de ella.
Además, se aclara que la solicitud hecha por el SII deberá ser presentada conjuntamente con los antecedentes que justifiquen el requerimiento de la información, identificando las declaraciones que se buscan aclarar. A su vez, el Juez Tributario y Aduanero resolverá la solicitud de autorización con citación de las partes a una audiencia.
En caso de apelación del contribuyente, esta deberá hacerse en el plazo de 5 días contados desde su notificación. La apelación será tramitada en la Corte de Apelaciones y en contra de la resolución de la Corte no procederá recurso alguno. Por último, lo dispuesto en la ley regirá a contar del primero de enero del 2010 y aplicado a la información bancaria que a contar de dicha fecha se genere.
El texto legal será informado por el diputado Cristián Monckeberg (RN).
Martes 4 de agosto de 2009
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS